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Cuando en teoría sólo queda un mes para acabar el plazo de presentación de las solicitudes de la PAC, salvo que finalmente se amplíe hasta junio por los retrasos que cada vez se acumulan en las CCAA, la reforma agraria sigue provocando tanto enfado como cuando sólo era un proyecto de debate. El conflicto con el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos y las consecuencias que tendrá en las ayudas agroambientales que se recibirán o no por este recorte de superficie, la figura del 'agricultor actico', que ha acabado en Bruselas de la mano de la Unión de Uniones o las ayudas verde en Galicia, donde se ha optado por contabilizar como cultivos computables los que estén en verano, se han sumado sólo un día al enfado generalizado existente contra esta PAC. Y sin olviar a Teruel, que también acude a la UE a denunciarla, en

Los más activos han sido los de Unió de Pagesos, donde una representación del sindicato catalán ha denunciado ante eurodiputados de distintos grupos políticos la mala aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) en España que, según afirman, sigue beneficiando a los llamados "agricultores de sofá".

Según el sindicato, que el pasado febrero puso en marcha la campaña "La PAC para los agricultores, no para los absentistas", la incorrecta aplicación de la política agrícola puede hacer perder a los productores catalanes 41,5 millones de euros anuales cada año y provocar una "discriminación entre gremios".

La Unión, se discrimina a los jóvenes y se favorece a instituciones

La Unió de Pagesos asegura que "el Gobierno central no contempla la exclusión de la concesión de los pagos directos a las personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de aguas, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas y recreativas permanentes si estas no tienen una actividad agraria significativa", dice un comunicado.

También se incumplen, dicen, las normas que prevén ayudas para los agricultores jóvenes durante sus cinco primeros años, al discriminar a aquellos que han obtenido los derechos mediante cesiones (alquileres, compra, una herencia o por donación), de producciones que nunca han recibido ayudas de la PAC.

Asimismo, la Unión de Uniones y Unió de Pagesos han aproechado el encuentro en Bruselas para pedir que el vino, por su carácter de producto parte de la dieta y la cultura alimentaria mediterránea, tenga un tratamiento diferenciado en la propuesta de resolución sobre la Estrategia Europea en Materia de Alcohol, que el Parlamento Europeo votará a finales de abril y que prevé la prohibición de fondos públicos para la promoción de alcohol.

La propuesta de resolución contiene "medidas positivas para la prevención del alcoholismo y sus efectos en particular sobre colectivos de riesgo en la población, pero vuelve a cometer el error, frecuente en diversas instituciones, de no discriminar adecuadamente entre los diferentes tipos de bebidas y de consumos", según señalan en una nota.

ASAJA Salamanca se enerva con le perjuicio del Coeficiente de Pastos

Por su parte, el presidente ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabezas, en al revista de esta organziación, aborda con dureza el problema de desconocer en estos momentos el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), poniendo en entredicho la eficacia de la medida improvisada de la Junta de crear un CAP provisional para “paliar la situación” ante la “discriminación” realizada por el Magrama a los ganaderos salmantinos.

Para Cabezas el problema de desconocer el CAP no es tan simple como en principio pueda parecer, pues a las consecuencias a la hora de solicitar la PAC sobre pastos comunales, se suman otras incluso más graves y que siembran mayor incertidumbre en el sector como un más que probable aumento del precio de los derechos de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda.

Como recuerda el presidente de ASAJA, “a menor número de hectáreas, más valor para el derecho”, lo que los situará por encima del valor real. Y a esto, quizá la consecuencia más grave, se añade la pérdida de las ayudas agroambientales debido a una sobreexplotación de los terrenos al verse reducidos estos y mantener la misma cabaña ganadera.

Galicia, contra el cálculo del pago verde

También Galicia se oyen voces discordantes en materia del pago verde. La decisión de la Consejería de designar como cultivos computables para la ayuda verde de la PAC los situado en el terreno durante en el período de verano sigue ganando enemigos.

La iniciativa ya había provocado enfado y que se haya reclamado un cambio de parte del sindicato Unións Agrarias y del PSOE, a las que ahora se ha sumado el edil del PP lalinense y titular del área de Actividade Agraria, Manuel Fernández. Agropecuaria, Patricia Ulloa.

El concejal critica el fuerte impacto negativo de esa decisión para la comarca de Deza considerando que sería mucho más adecuado elegir como referencia los cultivos de invierno porque seguirían el ciclo de producción normal de una zona de marcado carácter ganadero".

Teruel también acude a Bruselas

De igual forma, la junta de la plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel (Agrigate) y otros miembros de la organización viajan a Bruselas con el objetivo de informarse y denunciar públicamente la aplicación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), principalmente en Aragón" ya que se ha decidido seguir con los agravios comparativos de hace 20 años, cuando el reglamento europeo dejaba claro que esto no debía suceder", según señala en una nota

Por ese motivo, los más de 20 representantes de Agrigate participarán en Bruselas en una charla informativa seguida de un coloquio y visitarán el Parlamento europeo desde la tribuna del público. Además, se reunirán con distintos eurodiputados españoles miembros de la Comisión de Agricultura.

Tras la visita a Bruselas, según explicó Vanessa Polo, vicepresidenta de Agrigate y secretaria de Administración y Formación, se anunciarán nuevas acciones, movilizaciones y asambleas. Además, tal y como apuntó Polo, la plataforma está valorando la posibilidad de denunciar la aplicación de la PAC en Aragón, concretamente por el agravio comparativo con la provincia de Teruel.

Según denuncia Agrigate desde su fundación, el Gobierno de Aragón incumplió el segundo principio que marcaba la reforma, dejando a los agricultores turolenses en clara desventaja económica con el resto de agricultores de Aragón, creando diferencias entre en la misma región agronómica que superan al 60% y repercutiendo en la viabilidad de las explotaciones de Teruel ya que la mayor parte de Teruel se sitúa en un estrato 3, lo que converge hacia un erial, una zona desértica.