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Con una facturación de casi 20.000 millones de euros y más del 45% del valor de la producción nacional, las cooperativas son uno de los pilares más importantes en el desarrollo de la actividad agraria. Las cerca de 4.000 entidades, que suman 1,2 millones de socios, cubren desde la política de ventas y comercialización hasta las de aprovisionamiento, pasando por la transformación de productos. Crean alrededor de 100.000 empleos en el medio rural.

Aunque en los últimos años se ha producido un cierto proceso de integración, los grandes grupos no llegan a una docena La gallega Coren, especializada en el sector avícola, es la única que factura más de 1.000 millones de euros. Otros grandes grupos cooperativos son las andaluzas Covap, Hojiblanca y Oleoestepa, Central Lechera Asturiana, y la vasca Iparlat. Pese a que las cooperativas llevan el peso dominante en la producción de materias primas en sectores como el del aceite de oliva o del vino, a la hora de la verdad ese peso no se traduce en poder real en los mercados. En unos casos, salen perdiendo frente a las industrias procesadoras; en otros, frente a las grandes empresas de distribución.

A la vista de esta situación, el Ministerio de Agricultura se marcó como uno de los objetivos de esta legislatura el desarrollo de un fuerte proceso de consolidación de las cooperativas agroalimentarias para lograr unos grupos con mayor capacidad para competir en los mercados nacional e internacional. El Gobierno apuesta por articular este proceso a través de la figura de las Entidades Asociativas Prioritarias, aprobadas hace casi un año por la Ley de Fomento a la Integración Cooperativa.

Pueden convertirse en Entidades Asociativas Prioritarias las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación o las organizaciones de productores, en las que más del 50% del capital social pertenezca a entidades asociativas. La nueva entidad creada no podrá tener más del 90% de los socios o de su actividad en una sola comunidad autónoma, aunque hay excepciones: cuando más del 60% de una determinada producción nacional se concentre en una zona o cuando esa entidad lleve a cabo su actividad en más de un 50% en una comunidad autónoma con cinco provincias o más (es decir, las dos Castillas y Andalucía) el límite se eleva al 95%.

Hay casi 4.000 asociaciones cuya facturación media es de cinco millones

Además de ese carácer supraautonómico, las Entidades Asociativas Prioritarias deberán tener unos determinados niveles mínimos de facturación. Si la empresa sólo trabaja en un único sector productivo, la Administración ha fijado un abanico de límites que van desde los 650 millones de euros exigidos al sector lácteo a los 20 millones requeridos a la apicultura, el sector forestal o el del algodón. Si, por el contrario, se trata de una cooperativa con implantación en diferentes sectores agrícolas, la facturación mínima deberá ser de 750 millones de euros.

En la actualidad no hay ninguna cooperativa que cumpla todas las exigencias de esta normativa, según los datos del director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz.Para el desarrollo de este tipo de entidades, la Unión Europea aportará unos 150 millones de euros, cantidad que puede ser cofinanciada hasta en un 50% por el Ministerio de Agricultura. Además, existe la posibilidad de que los fondos para esta inciativa para el periodo 2015-2020 lleguen a los 200 millones de euros procedentes del Plan Nacional de Desarrollo Rural. A esos recursos se pueden sumar las cantidades de que dispongan cada una de las Comunidades Autónomas para esos fines, en el marco de los más de 8.000 millones de euros de los que van a disponer hasta 2020 vía desarrollo rural, y que irán a parar fundamentalmente a las cooperativas de base y a los propios agricultores o ganaderos integrados en las mismas.

En principio, ya han sido varias las comunidades autónomas que se han mostrado dispuestas a participar en ese proceso de consolidación de las cooperativas, como son Castilla y León, Castilla La Mancha, Navarra y Andalucía. La Administración central y el sector agroalietario mantienen negociaciones para definir los criterios que se deban aplicar a la hora de conceder las ayudas, siempre con el objetivo de lograr unas entidades más fuertes y, sobre todo, mas eficaces para operar en los mercados.

Desde las cooperativas agroalimentarias se aboga porque los recursos se utilicen para superar los puntos débiles que afectan a una gran parte del mundo cooperativo. En primer lugar, se plantea la necesidad de mejorar la estructura y la política comercializadora de entidades frente a las industrias y la gran distribución o, simplemente, los mercados. En ese contexto, se hallan otras actuaciones complementarias importantes como el desarrollo o la compra de marcas que puedan aportar a los productos cooperativos un mayor valor añadido, así como todo lo relacionado con las campañas de imagen, promoción y comunicación de los productos.

Se estima igualmente fundamental apoyar todos los trabajos de I+D, así como en las inversiones para revisión y la implantación de nuevas instalaciones industriales para mejorar los procesos de transformación de cara a su comercialización con más calidad y mayor valor añadido.

Uno de los problemas que se mantienen en el mundo cooperativo, aunque se han logrado grandes avances, es la formación de los gerentes, problemas que se mantienen como una pescadilla que se muerde la cola debido a la escasa capacidad de miles de pequeñas cooperativas, que registran una baja facturación, de contrarar a profesionales.

Finalmente, una mejora y elfortalecimiento del mundo cooperativoo vendría determinada por un proceso de mayor concienciación e información a los propios agricultores y ganaderos sobre la necesidad de participar en este tipo de entidades para la defensa de sus intereses.