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La organización ASAJA de Castilla y León ya se opuso al texto que se aprobó en la etapa de Arias Cañete al frente de Agricultura en el gobierno de José María Aznar, cuando se gestó la Ley 49/2003, que fijaba el plazo mínimo de arrendamientos rústicos en 3 años, entre otras medidas. Por el contrario, todas las organizaciones agrarias vieron con satisfacción la modificación legal efectuada en 2005, bajo gobierno socialista, restableciendo la duración mínima de los contratos de arrendamiento rústicos en 5 años.

ASAJA de Castilla y León pide al ministerio de Agricultura que “legisle a favor de los agricultores y no de los propietarios de tierras” y le recuerda que, en una comunidad autónoma como la nuestra, donde más del 60 por ciento de las fincas de cultivo son en arrendamiento, es importante disponer de una Ley que dé seguridad al agricultor durante un periodo de tiempo suficiente para planificar sus siembras e inversiones. Hay que recordar que la propia normativa que regular los planes de incorporación y de mejora de las explotaciones, así como contratos acogidos a programas agroambientales, fija en cinco años el periodo mínimo durante el cual el agricultor o ganadero han de mantener sus compromisos.

Igualmente, ASAJA le exige al ministro Arias Cañete que no lleve al Parlamento una modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos “sin antes exponer las razones al propio sector y escuchar sus apreciaciones al respecto, y que no cambie algo que está funcionando y que por tanto no es una demanda que esté encima de la mesa”.