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El Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, ha destacado el trabajo desarrollado por el Departamento para conseguir que “dentro de la libertad de los operadores, se pueda avanzar en mejorar su estructura, con medidas como las destinadas a facilitar la integración de los productores o el desarrollo de nuevos canales de comercialización”.

Durante la Jornada Parlamentaria y de debate sobre “La Ley de mejora de la cadena: Un cambio estructural necesario” que se ha celebrado este martes en Madrid, organizada por la Federación Española de Industrias y Bebidas (FIAB), Burgaz ha explicado que “el funcionamiento eficiente de la cadena alimentaria se producirá cuando dispongamos de una cadena de suministro capaz de, por un lado, atender las necesidades del consumidor con sus requisitos de calidad, seguridad, precio y adaptabilidad a los modelos de consumo y, por otro, hacer posible que los intercambios entre operadores se realicen con plena libertad y en un marco de máxima justicia y equidad”.

En este sentido, Burgaz ha resaltado el papel de la Ley para la mejora de la cadena alimentaria “cuyo objetivo fundamental consiste en propiciar un marco de la máxima equidad entre los operadores, a la vez que se establecen las oportunas medidas de control destinadas a corregir las posibles situaciones de abuso, que pudieran producirse”.

El Director General de la Industria Alimentaria ha incidido en las razones que justifican la elaboración de la Ley, destacando en primer lugar “la existencia de una elevada concentración del poder de negociación en manos de un reducido número de operadores, unido a la imposibilidad práctica de los operadores más débiles y que se encuentran en una posición de dependencia, de hacer frente a las consecuencias de dicha relación”.

Otra de las razones justificativas de la nueva norma ha sido la necesidad de promover nuevas medidas de control. A este respecto, Fernando Burgaz ha destacado la importancia de evitar ciertas prácticas abusivas que, actualmente, “ya están proscritas por el vigente ordenamiento jurídico y que no son objeto de denuncia por el operador que las padece, por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada que le une con quien realiza dichas prácticas”.

Por último, el Director General ha resaltado la conveniencia de disponer de un instrumento como el Observatorio de la cadena alimentaria “que disponga de la capacidad de estudiar y analizar las prácticas que desarrollan los operadores, para poder trasladar a las autoridades de control el resultado de sus trabajos, con objeto de promover las medidas que pudieran corresponder”.