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Amplias redes de distribución reparten equitativamente entre todos los españoles bienes tan básicos como la electricidad o las telecomunicaciones. Pero, ¿qué ocurre con el agua?

Este recurso es un bien que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir, pero lo cierto es que mientras unos no obtienen la cantidad que necesitan, otros desperdician parte de su caudal.

Parece lógico intentar que esta circunstancia cambie, pero se trata de una lucha que llevan protagonizando los españoles de las zonas geográficas más áridas del país durante años. Justamente, ellos son los que dependen de este recurso para poder sacar miles de empresas adelante: las dedicadas a la agricultura, un sector que aporta 23.903 millones de euros al producto interior bruto.

“Una solución que desde Murcia proponemos es la creación de un banco del agua”, apunta Adela Martínez, consejera de Medio Ambiente de la región levantina. “Se trataría de un mecanismo mediante el cual se pondrían a la venta todos los recursos excedentarios, de tal manera que aquellos usuarios deficitarios pudieran comprarlos. En otras palabras, un sistema con el que se llevaría a cabo una reasignación de los derechos de uso del agua”, explica la consejera.

Para Martínez, con este organismo se terminarían las especulaciones. “No puede ser que haya agricultores que estén pagando el agua por el doble que otros. Es necesario un sistema de precios transparente, donde el agua disponible se venda a un precio medio; aunque es evidente que los usuarios que, por situación geográfica, estén más cerca del río o de una planta de desalinización eficiente, pagarán menos”, resume.

Uno de los debates que existen en torno a esta propuesta es quién sería el encargado de regular este posible banco. En opinión de Mónica Sastre, doctora en Derecho y socia del despacho de abogados Ariño y Villar, “el organismo regulador deberá estar dotado de independencia, legitimidad democrática y estabilidad. Hablo de una comisión reguladora como puede ser la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) o la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)”, incide la abogada.

“En todo caso, dicha regulación solo se realizaría con parte de los recursos, ya que otra parte estaría reservada por el Estado, de tal manera que el abastecimiento de las poblaciones y la conservación del medio natural siempre tendrían que estar asegurados”, aclara Jorge Agudo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Al profesor, la situación actual le parece injusta: “Lo que no puede ocurrir es que habiendo zonas geográficas donde existe una gran necesidad de agua, haya otras que no aprovechen este recurso natural y dejen que termine en el mar”.

Para Juan Emilio Iranzo, catedrático de Economía Aplicada en la UNED, se trataría de un mercado en el que se negociaría el agua como materia prima: “En este banco se podría depositar agua y se podrían adquirir derechos de cara a poder regar en el futuro las plantaciones de frutales a cuatro o cinco años”.

“Además, existiría la opción de utilizar esa agua antes de que finalizase el tiempo de utilización, a los seis meses o a los dos años, por ejemplo”, añade Iranzo. El experto además considera importante que todos aquellos que puedan llegar a a alzarse con derechos “demuestren que el uso que darían al agua sería eficiente. Un ejemplo de esta eficiencia son los regantes murcianos, ellos aprovechan hasta la última gota”.

California, un ejemplo hecho realidad

La propuesta de un banco de agua en España tiene un hermano mayor a quien parecerse: California. Para conocer sus orígenes hay que remontarse a principios de los noventa, cuando el oeste de Estados Unidos sufrió la mayor sequía del siglo XX. Lo que en todo momento se pretendió fue reasignar los recursos disponibles y atender las situaciones más críticas.

El banco lanzó ofertas para recuperar derechos concesionales, para que más tarde los interesados en obtener estas concesiones pagaran un precio por ellas. Para llevar a cabo estas transacciones, se establecieron una serie de reglas, como que los vendedores solo podían ofertar un 20% de su concesión o que los compradores, para poder optar a esta agua, debían asegurar su buena utilización. En todas las transacciones, el estado de California ejercía como supervisor.

Desde entonces son varias las obras hidráulicas que se han construido para el transporte del agua, de tal manera que en la actualidad es posible transferir este recurso desde cualquier localidad a otra de una forma eficiente y económica.