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La consejera de Agricultua de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, en una entrevista con agroinformacon.com ha manifestado -en relación a la reforma de la PAC- que es "imperativo" que las ayudas directas "se concedan teniendo en cuenta esas diferencias entre zonas de producción, con especial atención a sectores sensibles como el olivar, el regadío o la ganadería"

Andalucía es una de las comunidades autónomas en las que la reforma de la PAC o el nuevo tratado agrícola con Marruecos van a tener más incidencia porque el sector agrario sigue teniendo un importante peso específico. Basta conocer que tras el aceite, las hortalizas y las frutas suponen un elevado porcentaje en su producción agraria. Su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha hablado en numerosas ocasiones sobre los posibles impactos en Andalucía de una nueva PAC. Hoy lo hace para agroinformacion.com y, además, aborda otras cuestiones de actualidad.

--¿Qué opinión tiene de la reforma en marcha de la PAC y cómo considera que la redacción actual del borrador puede afectar a Andalucía?

Desde Andalucía venimos reclamando desde hace tiempo que la futura Política Agrícola Común (PAC) contemple la intensificación de los esfuerzos para promover la concentración de la oferta y contribuir de esta manera a fortalecer y mejorar la competitividad del sector. Asimismo, consideramos prioritario que nuestra Comunidad Autónoma no pierda ni un euro con la nueva PAC, ya que es vital preservar la renta de nuestros agricultores y ganaderos.

En este sentido, y con el objetivo siempre de apoyar a nuestro sector en la situación generalizada de bajos precios que nos encontramos, exigimos medidas que conlleven la mejora de los mecanismos de gestión de mercado.

Es imperativo, además, que, dada la diversidad de la agricultura europea, las ayudas directas a la actividad agraria se concedan teniendo en cuenta esas diferencias entre zonas de producción, con especial atención a sectores sensibles como son el olivar, la agricultura de regadío y la ganadería. Por ello, desde Andalucía, no nos parece justo un sistema de tasa plana o ayuda homogénea, que suponga pagar lo mismo a todos los cultivos.

--¿Hay algún aspecto positivo para Andalucía en esa redacción actual que debería preservarse?

Lo realmente importante es que se siga contando con una política comunitaria fuerte, lo que confirma el apoyo al sector primario, estratégico para Europa. Significa una apuesta por mantener a este sector, no sólo por la garantía que proporciona tener una producción de alimentos propia, sino también por toda la labor de mantenimiento del escosistema y paisajística que llevan a cabo nuestros profesionales.

--¿Qué opinión tiene del ministro Miguel Arias? ¿Qué cree que debería hacer en estas próximas semanas en relación con los intereses andaluces y la PAC?

La llegada del nuevo ministro se produce en un momento crucial para el futuro de nuestros sectores agrario y pesqueros, ya que se están debatiendo las políticas que regirán estos sectores durante los próximos años. Como representante del Gobierno español, tiene la responsabilidad de ser nuestro interlocutor ante la Unión Europea y como tal deberá velar por los intereses de todos los españoles.

En este sentido, vamos a estar muy pendientes, a la vez que colaboradores, puesto que no hay que olvidar que en estos sectores Andalucía juega un papel destacado. Desde el Gobierno andaluz, por lo tanto, vamos a exigir que el resultado de esas negociaciones permitan seguir desarrollando un entorno rural vivo y cohesionado y un sector agroalimentario cada vez más competitivo. Andalucía no es una Comunidad Autónoma más en ningún aspecto, pero el peso que tenemos en la agricultura hace que necesitemos tener una interlocución privilegiada y, desde luego, así lo espero.

--Tras la aprobación por el Parlamento Europeo del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos. ¿Qué opinión le merece?¿A su juicio, corrige algunos de los problemas que ha generado el anterior?

Me gustaría resaltar desde aquí el compromiso el compromiso del grupo socialista en defensa de los agricultores andaluces ante el acuerdo marroquí y recordar la necesidad de que el Gobierno de España trabaje para buscar las alianzas necesarias que garanticen el rechazo final a la renovación del protocolo agrícola.

Desde la Administración andaluza nos comprometemos a seguir trabajando junto con la delegación española del Grupo Socialista para despertar la sensibilidad en otros países hacia las consecuencias negativas de renovar un acuerdo que actualmente sufre continuos incumplimientos en todo lo relacionado con los precios de entrada, los contingentes y la normativa de calidad y que, en ningún caso, puede convertirse en modelo a seguir para futuros tratados entre la UE y países no comunitarios.

Al margen de las cláusulas de este acuerdo comercial, el principal problema que observamos actualmente es la continua vulneración del mismo ante los ineficaces controles en las aduanas, un hecho que causa un gran perjuicio a la horticultura española y, sobre todo, a la andaluza. Además de suponer una competencia desleal. Es totalmente prioritario que se garantice la reciprocidad entre los países productores para que todos cumplan con las mismas exigencias de trazabilidad, calidad y aplicación de productos fitosanitarios.

--¿Cuál es la situación actual de las negociaciones -si las hay- para renovar el acuerdo pesquero con Marruecos?

La situación actual es que cada día que pasa sin que se haya aprobado la renovación de este acuerdo supone un varapalo más para nuestros pescadores, por lo que desde la Consejería pedimos al ministro que trabaje en el seno de la Unión Europea y traslade a la Comisión y a la comisaria de Pesca la necesidad de negociar un nuevo acuerdo con Marruecos ya. La Junta de Andalucía mantendrá en todo momento la colaboración con el Ministerio puesto que nuestro sector se lo merece y por ello esperamos que cumpla con lo que le ha prometido para resolver la situación que atraviesan nuestros pescadores tras la prohibición de faenar en aguas marroquíes. Aunque lo que realmente necesita y quiere nuestro sector es volver a faenar ya, por ello debe establecerse urgentemente el proceso de negociación.

--¿Qué se podría hacer desde las administraciones públicas para paliar las profundas diferencias en los precios que reciben los agricultores por sus productos, en algunos casos por debajo de los costes de producción y los precios a los que esos mismos productos se venden? ¿Y en relación al conflicto que los productores mantienen con algunas cadenas de alimentación -fundamentalmente alemanas- por estos mismos motivos?

En este sentido, desde la Consejería de Agricultura y Pesca apostamos por la concentración de la oferta como una de las vías más eficientes para dotar a los productores de una mayor fuerza ante las exigencias e imposiciones de la gran distribución. Y, con el fin de facilitar los necesarios procesos de asociación de las pequeñas empresas para configurar grupos de mayor tamaño, el Gobierno andaluz cuenta con una línea de ayudas dirigida a fomentar el asociacionismo del sector a través de la cual hemos respaldado, entre otras actuaciones, más de 150 procesos de integración, fusión y cooperación.

Por otro lado, creemos que a estos cambios estructurales que contribuyen a aumentar la estabilidad del sector debería sumarse también una modificación del funcionamiento interno de las Organizaciones Interprofesionales por parte de Bruselas para que éstas puedan llevar a cabo una intervención más eficaz en situaciones de crisis. Los representantes de la distribución deberían ser miembros de pleno derecho, ya que hoy es de vital importancia conseguir un equilibrio entre el precio en origen de los productos del campo y lo que paga por ellos el consumidor final.

--Cerca de 25.000 explotaciones agrícolas andaluzas, según Asaja, han cerrado en Andalucía en los últimos cuatro años. ¿Qué se puede hacer, y se hace, desde la administración para impedir que este problema y sus consecuencias sociales sigan incrementándose?

Aunque el censo agrario de 2009 que hemos conocido este año apunta a un número menor de explotaciones, es cierto que también refleja un aumento del tamaño de las mismas, lo que significa que estamos en el buen camino para mejorar la viabilidad de las mismas. De todas formas, y conscientes de la necesidad de apoyar a nuestro sector para que siga fortaleciéndose, una de las principales políticas de la Junta de Andalucía y concretamente de la Consejería que presido es precisamente apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria garantizando así el relevo generacional y asegurando el futuro de esta actividad. Para ello, se convocan subvenciones anuales que respaldan la instalación de jóvenes agricultores y se ponen en marcha proyectos que contribuyan a ello, como por ejemplo la escuela de pastores con la que incentivamos la nueva incorporación de profesionales a este oficio y la formación de los que actualmente la ejercen.

Asimismo, el Gobierno andaluz cuenta con numerosas líneas de ayudas para contribuir a garantizar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones andaluzas, como son las subvenciones para la modernización, los incentivos a producciones de calidad o los préstamos ganaderos, entre otras.

--La Comisión Europea ha activado el mecanismo de almacenamiento privado del aceite de oliva para todas las calidades por estar su precio por debajo del de activación. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión?

Desde la Consejería de Agricultura hemos trasladado ya en cuatro ocasiones al Ministerio la necesidad de que se pida a Bruselas la activación del almacenamiento del aceite de oliva virgen al cumplirse los requisitos necesarios para ello. De todas formas, me gustaría hacer hincapié en que este mecanismo es sólo de carácter coyuntural y no supone una solución a largo plazo. Sería necesario buscar otras estrategias que ofrezcan al sector una solución ante la caída de precios que perciben los productores, algo que desgraciadamente parece haberse convertido en un problema estructural del olivar.

--Y finalmente, qué opina del cambio de régimen de los trabajadores del campo que entró en vigor el 1 de enero pasado y que ha sido una reivindicación histórica del sector

Evidentemente se trata de un gran logro que da respuesta a una demanda que venían reclamando desde hace veinte años los agentes sociales y las Organizaciones Profesionales Agrarias para igualar los derechos y niveles de protección de los empleados agrícolas a los del régimen general. Cerca de un millón de ciudadanos españoles se beneficiarán de esta medida y concretamente en Andalucía, casi medio millón de afiliados al Régimen Especial Agrario.

Por primera vez tendrán las mismas prestaciones que el resto y cotizarán por el salario real que perciben. Tendrán derecho asimismo a la prestación por incapacidad permanente y a una jubilación en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Supone, en definitiva, un incentivo para el desarrollo y la creación de empleo en el sector agrario.