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El fuerte desequilibrio en la cadena alimentaria ha propiciado la proliferación de prácticas abusivas que han tenido como efecto la pérdida de valor de los productos agroalimentarios en su comercialización, ocasionando con frecuencia que los productores no cubran los costes de producción.

Cooperativas Agro-alimentarias de España espera que esta iniciativa legal, al igual que la de Integración Cooperativa, permita una revalorización de los productos agrarios, una mejor distribución del valor a lo largo de la cadena y unas mejores condiciones económicas del sector productor.

Respecto a las medidas que contempla valoramos positivamente que se hayan prohibido una serie de prácticas abusivas, como las modificaciones en los contratos una vez firmados, la prohibición de pagos comerciales y la regulación de las subastas electrónicas.

Al mismo tiempo, para Cooperativas Agro-alimentarias de España la obligación de formalizar contratos por escrito es un objetivo ambicioso y positivo en el sentido de que dotará de transparencia y seguridad a las transacciones comerciales y, evitará las ventas sin precio, una práctica abusiva, perniciosa y causante de los bajos precios en origen, aunque somos conscientes de que será compleja su implantación.

Respecto a los Códigos de Buenas Prácticas, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España siempre hemos manifestado cierto escepticismo porque los desequilibrios de poder de mercado de los operadores de la cadena difícilmente se van a poder resolver con acuerdos voluntarios, sin embargo es una medida que puede contribuir a mejorar las relaciones de la cadena y trabajaremos para elaborar códigos de buenas prácticas mercantiles detallados y porque sean suscritos por el mayor número de empresas de la cadena alimentaria.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España siempre ha sido clave el establecimiento de un sistema de control de la cadena independiente y autónomo en su actuación. En este sentido nos parece un buen punto de partida la creación de un Observatorio de la Cadena y que se le de una potestad sancionadora a las Administraciones en lo relativo a los incumplimientos de la Ley.