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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una guía sobre la Ley de Medidas de Mejora de la Cadena Alimentaria. Uno de sus capítulos más destacados es un práctico decálogo que resume en qué afecta la ley a los agricultores y ganaderos. Lo resumimos a continuación.

1. Cómo afecta. La Ley 12/2013 afecta por la obligatoriedad de tener contratos por escrito; por su contenido y porque se abren posibilidades para defender al agricultor o ganadero frente a determinadas prácticas. Además, se sanciona el incumplimiento del comprador de los plazos máximos de pago.

2. Contratos por escrito. Son obligatorios para la venta de productos alimentarios por un importe superior a 2.500 euros, cuando se trata de compras de animales vivos, piensos, materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal, y cuando una de las partes es una pyme o está en situación de dependencia económica respecto a la otra. Las excepciones son los pagos al contado contra la entrega de los productos y las entregas a cooperativas agrarias o entidades asociativas por parte de los socios.

3. Cláusulas obligatorias: identificación, objeto, precio, condiciones, derechos y obligaciones, información, duración y causas, formalización y efectos de la extinción del contrato.

4. No existe modelo único de contrato.

5. No existe mediación durante la negociación de un contrato salvo en casos muy concretos.

6. Plazos. Si el producto es perecederos, el plazo máximo de pago son 30 días. Si no, el máximo son 60 días.

7. Definición de prácticas comerciales abusivas. Son: modificar unilateralmente los contratos; exigir información comercial sensible sobre productos, salvo que conste en contrato; y pagos adicionales más allá del precio pactado. Además, se regulan las subastas electrónicas, los mecanismos de devolución de pagos comerciales no previstos; la gestión de marcas, evitando prácticas contrarias a la libre competencia, y el suministro de información comercial sensible.

8. Vías de actuación contra prácticas abusivas. Puede presentarse una denuncia a la AICA (que también puede actuar de oficio) o a través de una organización representativa, como COAG.

9. Es necesario colaborar con los funcionarios públicos acreditados por AICA que estén realizando una inspección y proporcionar, en plazo, los datos e informaciones necesarios. Además, es obligatorio conservar los documentos relacionados con los contratos alimentarios durante un período de dos años.

10. Cualquier duda puede formular en las oficinas de la COAG.