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Desde el 1 de enero de 2014, los agricultores españoles han de seguir los principios de la llamada gestión integrada de plagas (GIP), un modelo de explotación agrícola cuya aplicación busca desembocar en una reducción del uso de productos fitosanitarios de origen químico sobre los cultivos y la promoción de métodos alternativos más amables con el medio ambiente. Así lo establece el Real Decreto 1311/2012, la adaptación a nuestro país de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento y el Consejo Europeos. Esta normativa comunitaria establece un marco de actuación dirigido a la consecución de un empleo sostenible de los plaguicidas.

La Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP), entidad de ámbito autonómico que desempeña su labor en Aragón, es pionera en el fomento de esa nueva y respetuosa manera de entender la agricultura. Su presidente, José María Sopeña, hace en Agroquímica.es un repaso de los principales puntos de la nueva regulación:

Revista Agroquímica (R. A.): ¿Qué supondrá para el agricultor español la implantación de la GIP? ¿Y para el consumidor?

José María Sopeña (J. M. S.): En mi opinión, la implantación de la GIP, en lo que se refiere a la protección de su salud, no debería suponer ningún avance significativo para el consumidor respecto a los sistemas de producción convencionales. En los cultivos que van a ser la base de los alimentos se vienen utilizando hasta el momento los productos fitosanitarios como método más importante de protección fitosanitaria. Pero hay que tener en cuenta que, para que puedan ser utilizados, han estado sometidos a unos rigurosos procesos, que pueden durar varios años, de evaluación de su peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente, y que su uso está sometido a unas condiciones muy estrictas y sometido a planes sistemáticos de vigilancia. Por ello, en el sistema de GIP, donde se van a poder seguir utilizando dichos productos, es difícil que se produzcan avances al respecto, excepto en las novedades que los nuevos conocimientos científicos puedan ir aportando.

Por lo que respecta al agricultor, la implantación de la GIP sí que va a significar importantes cambios: en primer lugar va a tener que utilizar medios de lucha contra plagas que, por lo menos al principio, van a ser de mayor coste, con la imposibilidad de repercutirlos en el precio final del producto solamente por este concepto. Son medios que, por lo menos al principio, van a ser más difíciles de aplicar. Va a tener que realizar un esfuerzo importante tanto de comprensión de las nuevas técnicas, como último eslabón de la cadena de transferencia de conocimientos, como de la nueva filosofía imperante, en la que la protección del medio ambiente tiene una importancia capital.

R. A.: El fin del nuevo modelo es racionalizar el manejo de los productos fitosanitarios en la agricultura. ¿Qué novedades destaca de la normativa?

En realidad, el objetivo del nuevo modelo es doble. Por un lado, trata de disminuir el riesgo de los productos fitosanitarios, mediante la adopción de una serie de medidas, muchas de las cuales constituyen una auténtica novedad en cuanto a su nivel de exigencia (aplicaciones aéreas, protección del medio acuático y de zonas específicas, etc.). Y, por otra parte, se pretende ir reduciendo el uso de productos fitosanitarios, fomentando el empleo de métodos alternativos y haciendo obligatoria la aplicación de los principios de la Gestión Integrada de Plagas y la necesidad de disponer, con algunas excepciones, de un asesoramiento obligatorio. Otra novedad, esta de carácter administrativo, es el énfasis que pone la nueva normativa en que su cumplimiento quede reflejado documentalmente.

R. A.: Trascurridos unos meses desde la puesta en marcha de la nueva normativa, ¿qué valoración hace de su implantación hasta el momento?

También tenemos que hacer una doble valoración, distinguiendo entre las administraciones y el sector. En cuanto a las primeras, han cumplido perfectamente con la tarea encomendada en la Directiva y en los plazos previstos, excepto en lo que se refiere a las guías de Gestión Integrada de Plagas, que servirán de orientación a asesores y agricultores y cuya publicación podría acumular en algún caso un pequeño retraso. La administración ha realizado un gran esfuerzo para elaborar la normativa correspondiente y para divulgar su contenido entre el sector. En cuanto a éste último, todavía es pronto para valorar su implantación.

Pero hay que tener en cuenta que en España ya contábamos con sistemas de producción análogos e incluso más exigentes que el de la GIP -ATRIAs, ADVs, APIs y otros sistemas de promoción de la calidad-. Es decir, desde hace muchos años se lleva haciendo un gran esfuerzo en el mismo sentido que la nueva normativa, lo que ha conducido a que podamos disponer de partida de un gran número de agricultores y de asesores que ya aplican este modelo. Y todo ello abarcando los cultivos más importantes y en los que más productos fitosanitarios se utilizan. Por todo ello, a pesar de que soy consciente de su dificultad, soy optimista, siempre que se dote al sistema de suficientes medios para poder realizar los importantes esfuerzos que va a ser necesario realizar en investigación e innovación, transferencia de tecnología al sector y formación, tanto de asesores como de agricultores.

R. A.: ¿En cuáles de las nuevas medidas se encuentra mayor reticencia por parte del agricultor? ¿Qué puede hacerse para solventar este problema?

En mi opinión, los dos aspectos sobre los que más reservas pueden estar teniendo, aunque habrá que esperar algún tiempo para poder constatarlo, son los siguientes: la puesta en marcha de métodos de lucha alternativos, fundamentalmente de lucha biológica y biotécnica, excepto en los casos de horticultura intensiva, y las obligaciones administrativas derivadas de la nueva normativa, que se acumulan a las de las que ya están en vigor o se van a potenciar de manera inmediata, como las de la trazabilidad, etc.

La única forma de afrontar con garantías los nuevos retos es integrar directamente a los agricultores en la cadena de la transferencia tecnológica y en un proceso de asesoramiento de forma continua, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo. Para ello, será necesario establecer asimismo un proceso de formación continua.

R. A.: Casi 300.000 hectáreas en Aragón ya contaban con algún tipo de asesoramiento como al que obliga la nueva regulación. ¿En qué tipo de cultivos de su comunidad se hace más necesario un impulso? ¿Cuáles son los que están mejor cubiertos?

(...)

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