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Cuando Miguel Arias Cañete llegó al Gobierno sobre su mesa puso tres grandes objetivos. La negociación de la PAC, la ley de la cadena alimentaria y la ley de fomento de la integración cooperativas agrarias. El primero ha salvado su primer trámite y falta el más complicado, el segundo ha salido adelante con el aplauso de todos, pero sin la satisfacción de nadie, y el tercero es una realidad, con un consenso casi generalizado, pero con muchas incógnitas por resolver. Y es que el futuro de las cooperativas agrarias ya tiene un marco legal para desarrollarse, un objetivo claro hacia dónde se quiere ir, pero también tiene enfrente cuatro mil ideas diferentes, que son el número de cooperativas que existen en España. El ministro siempre habla del ejemplo de Holanda, sólo hay dos que facturan miles de millones, mientras que aquí existe una tendencia a crear no una, ni dos sino hasta tres cooperativas en una misma localidad o zona para vender lo mismo por separado.

Y éste va a ser el principal reto al que deberá enfrentarse el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. No se trata de poner las bases de lo que se quiere hacer, que es lo que se ha hecho con esta ley, sino lograr traspasar del papel a la realidad la mentalidad de un sector que sigue sin tener una perspectiva nacional de lo que hace y que prefiere estar más orgullo de lo que él produce, de ‘su’ producto, que del producto en sí mismo.

Primeros pasos

Es cierto que se han comenzado a dar los primeros pasos para cambiar esta mentalidad, sobre todo porque la crisis fuerza a aglutinar esfuerzos y rebajar costes, porque hay sectores que ven cómo poco a poco van desapareciendo por una falta de cohesión que les deja en manos de los intereses y presiones de la industria y la distribución, como es el caso de la leche, o porque una mala cosecha, y con la creciente climatología esto empieza a ser una tónica, obliga a los agricultores a tomar medidas para salvar sus producciones y no perder un mercado exterior que no sólo está salvando en gran medida la economía nacional, sino su propio sustento.

Pero estos pasos siguen siendo demasiados lentos, Se han creado, por ejemplo, varias OPL, pero sigue habiendo aún demasiadas como para hacer un frente común a la hora de negociar el precio de la leche. Incluso la fusión de Deoleo y Hojiblanca ha dado paso a un gigante aceitero, pero siguen existiendo cientos de cooperativas oleicas por todo el territorio que se conforman con sobrevivir con ‘su’ aceite, en lugar de unirse para vender de forma conjunta no un único aceite, sino una gama de productos de alta calidad, competitivos entre ellos mismos, pero con un denominador común: aceite de España, que es lo que puede no sólo abrir más mercados exteriores, e incluso interior, sino consolidar una marca con la que todos ganarían.

Ninguna española está entre las 25 más grandes de Europa

Y para ello está esta ley de fomento de la integración cooperativas agrarias, que nace con las ideas muy claras, dado que, en concreto, España cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores,pero el sector se caracteriza por una elevada atomización, lo que provoca que las cooperativas no vean rentabilizados sus esfuerzos e inversiones. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea, lo que hace necesario impulsar reformas estructurales de calado para conseguir su redimensionamiento.

Por ello, la ley destaca que para conseguir mayor competitividad, modernización e internacionalización, se hace imprescindible impulsar medidas que fomenten la concentración de la oferta en origen y que potencien la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y dimensión supraautonómica, capaces de operar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, en los mercados nacionales e internacionales.

Con este objetivo, la nueva ley establece la figura de la “Entidad Asociativa Prioritaria” de ámbito supraautonómico, con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de estas entidades.

Favorecer la agrupación y el carácter supraautonómico

Otro de los instrumentos que ofrece la ley es la articulación de un Plan Estatal de Integración Asociativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta.

Asimismo, la nueva norma introduce modificaciones en la Ley de Cooperativas de 1999 y la Ley sobre régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, dirigidas a contribuir y facilitar el desarrollo cooperativo en España, mediante la ampliación de sus fines y actividades.

Concretamente, la Ley de integración cooperativa tiene entre sus fines fomentar la integración de los productores en sociedades cooperativas agroalimentarias, en organizaciones de productores, en sociedades agrarias de transformación u otras entidades en el ámbito agroalimentario.

También favorece la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria, mediante la integración de las entidades asociativas o su ampliación.

Asimismo, mejora la capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas entidades, y contribuye a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en las entidades asociativas.

Por otra parte, la ley considera como beneficiarios las entidades asociativas prioritarias, las entidades integradas en una entidad asociativa prioritaria y los productores agrarios pertenecientes a las mismas.

La norma establecen también los requisitos para ser entidad asociativa prioritaria, como son, entre otros: Ser sociedades cooperativas, cooperativas de segundo grado, grupos cooperativos, sociedades agrarias de transformación, organizaciones de productores y entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación; tener implantación y un ámbito de actuación económico de carácter supraautonómico, o llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción aportada por los socios de las diferentes entidades que la componen, al menos la cantidad que reglamentariamente se establezca.

Según la ley, este tipo de entidades tendrán prioridad en la obtención de ayudas y beneficios en materia de inversiones destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización, en el acceso a actividades formativas y de cooperación, en materia de internacionalización, promoción, I+D+i, y nuevas tecnologías; y en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, entre otras.

Las cartas están sobre la mesa, el objetivo está marcado, ya solo falta que esas cuatro mil ideas se vayan reduciendo sistemáticamente.