02/12/12
El Gobierno autoriza una inversión de casi 700 millones de euros para la modernización de regadíos
El Consejo de Ministros ha autorizado un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), para la realización de obras de modernización y consolidación de regadíos, con un importe total de casi 700 millones de euros.
Del total de 696.5 millones de euros para el conjunto de las actuaciones, 208,9 millones van a ser financiados por SEIASA y otros 250,5 millones serán aportados por la Unión Europea a través de los Fondos Comunitarios (FEDER, FEDER-Cohesión 2007-2013 y FEADER). El resto de la financiación se distribuye entre las Comunidades de Regantes, que aportarán 206,3 millones y las Comunidades Autónomas, con 30,8 millones.
Por comunidades autónomas, las inversiones previstas son las siguientes: Andalucía (243,6 millones de euros), Castilla y León (173,6 millones), Aragón (75,1 millones), Comunidad Valenciana (65,4 millones de euros), Murcia (52,8 millones), Extremadura (43,3 millones), Cataluña (35,8 millones). Castilla La-Mancha (6,5 millones) y Madrid (200.000 euros).
En total, está prevista la realización de 87 actuaciones en las citadas comunidades autónomas, en las que destacan las 27 de Andalucía, las 16 de la Comunidad Valenciana, las 14 de Castilla y León y las 7 de Aragón.
El uso eficiente y racional del agua y la implantación de nuevas tecnologías en el regadío, es el motor de la política del Gobierno para la modernización de los sistemas de riego en España, El impulso de la mejora de los recursos hídricos, unido a la mejora de la eficiencia energética, lleva aparejado la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, gracias a una mayor productividad y a un menor coste de producción.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sigue apostando por la modernización de los regadíos, conforme a los criterios de racionalidad y sostenibilidad que deben sustentar las actuaciones del sector público.