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Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, un plan de choque para el olivar con ayudas fiscales y financieras por las pérdidas tras la caída de un 60 % de la producción de aceite por la última sequía.

Al término de la reunión, fuentes de las organizaciones han asegurado que el ministro se ha mostrado receptivo y analizará posibles medidas en coordinación con otros ministerios implicados en la búsqueda de soluciones como Hacienda, Industria o Trabajo.

El ministro se ha mostrado "muy receptivo a nuestros planteamientos", ha remarcado el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien ha puntualizado que el próximo lunes se reunirán los técnicos de las organizaciones agrarias con los del Ministerio para analizar la situación.

Barato ha añadido que van "a demostrar que un año con menos de 600.000 toneladas de aceite de oliva tiene consecuencias económicas para los olivareros más débiles" y que no todas las medidas que son necesarias dependen del Ministerio de Agricultura, sino de otros departamentos del Gobierno.

Por su parte, el miembro de la Ejecutiva de COAG Eduardo López ha recordado que el sector urge avales de Saeca para poder acceder a financiación, préstamos ICO y aplazamientos en las amortizaciones de algunos créditos que cumplían este año, ante una campaña "desastrosa" para el olivar por la sequía, un - 60 % interanual, en el que las rentas de muchos olivareros han caído un 50 %.

López ha solicitado reducciones en las cuotas que pagan los agricultores a Hacienda y a la Seguridad Social, para que los olivareros puedan responder a un año complicado en el que los precios, pese a subir algo, "no se han disparado" y aún se mantienen por debajo de los 3 euros por kilo.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha indicado que el Ministerio se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que se reunirá el próximo lunes para analizar las pérdidas en el olivar que Arias Cañete circunscribe -según UPA- sólo en el secano.

Ramos ha recordado que el sector demanda medidas fiscales, créditos ICO, aplazamiento en la amortización de los préstamos de incorporación de jóvenes y modernización de regadíos y la reducción de las tarifas para el regadío, o al menos la posibilidad de impulsar contratos de temporada más baratos para los olivareros, una serie de iniciativas que dependen de varios ministerios.

Respecto al acuerdo alcanzado anoche por los Veintisiete sobre la reforma de la PAC y que servirá de base a la negociación del trílogo (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo), un asunto que también se ha tratado en la reunión pese a no figurar en la agenda, los representantes del sector agrario ha reconocido avances, aunque han apuntado que siguen existiendo incertidumbres por despejar.

Según han afirmado, el Ministerio se ha comprometido a convocar al Comité Asesor Agrario tras la Semana Santa para analizar al detalle el acuerdo logrado en Bruselas y la hoja de ruta de la negociación interna.

"Se está avanzando en el buen camino", ha apuntado Lorenzo Ramos, quien ha asegurado que la nueva PAC dejará mucha flexibilidad de aplicación a España, por lo que será vital la negociación con comunidades autónomas y agricultores.

López ha indicado que COAG tiene "muchas dudas" sobre cómo se vayan a concretar los pagos verdes, las hectáreas elegibles, la convergencia o el reparto del cheque agrícola, sobre el que ha pedido un límite de 100.000 euros por explotación y acabar con los desequilibrios en regiones como Andalucía, donde según sus datos el 1,5 % de los perceptores absorbe el 30 % de los fondos.