CHIL.org

Resulta, sin embargo, que somos el primer importador mundial de productos agrarios del mundo y tenemos acuerdos preferenciales con la inmensa mayoría de los países en desarrollo, de tal suerte que el 85 por ciento de las exportaciones de África, por ejemplo, tienen Europa como destino.

Se culpa a los agricultores de contaminar el medio rural y ser los responsables principales del cambio climático, cuando resulta que el sector agrario europeo, gracias a fuertes inversiones en innovación y adaptación de sus explotaciones, es el único sector económico que ha cumplido, y con creces, con los compromisos de Kioto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Incluso se ha afirmado que la agricultura moderna es responsable directa de numerosas enfermedades, epidemias y otras plagas.

Pues bien, los controles sanitarios y los niveles de información del consumidor, a través de la trazabilidad de nuestros productos y los estándares de producción son los más altos que jamás haya habido ni conocido la humanidad, hasta el punto de que en la pasada crisis del pepino fuimos los productores los únicos capaces de hacer un seguimiento del producto para probar que la bacteria del E.coli no se originó en nuestros campos de verduras, si bien nuestros productores sufrieron las consecuencias de la irresponsabilidad de la senadora de Hamburgo que nos acusó, una vez más, de forma gratuita.

Pongamos otro ejemplo de ataque gratuito sobre otro producto tan típicamente nuestro como es el vino, que ha sido calificado internacionalmente como alimento, que es parte integrante de la reconocida dieta mediterránea y está recomendado por reputados médicos especialistas, siempre desde un consumo responsable y moderado.

Hace tan sólo unos días el vino ha sido gravemente atacado por nuestro propio Ministerio de Sanidad, que pretende equipararlo con las bebidas alcohólicas de alta graduación. Un sinsentido, carente de fundamento, que esperamos sea corregido.

El último ataque que hemos vivido ha sido con el sector del azúcar y una campaña de una ONG, VSF Justicia Alimentaria Global. La citada organización, mezclando argumentos pseudocientíficos, informes cuestionados por los propios organismos que los han encargado, datos llamativos aunque sin ninguna fuente contrastable o denuncias de marcado carácter populista, pretende criminalizar un cultivo como el de la remolacha y una industria como la azucarera, de importancia capital para nuestra agricultura y para la economía de nuestro país.

Las acusaciones que esta ONG vierte en su campaña, además de carecer de base científica en cuanto a la ingesta diaria de azúcar recomendada, sin tener en cuenta otros factores y hábitos, como la actividad física, una alimentación sana y completa y evitar el sedentarismo, sólo aportan alarmismo y confusión a nuestros consumidores, que se merecen una información menos tendenciosa y más rigurosa que la manejada en la citada campaña.

Es importante recordar que el organismo humano necesita carbohidratos, como el azúcar, para funcionar normalmente y que se recomienda al menos un 50 por ciento de carbohidratos en la dieta diaria, y la propia Organización Mundial de la Salud recomienda un aporte de azúcares de un 10 por ciento de la ingesta total, necesaria particularmente para el cerebro.

Por otra parte, numerosos estudios demuestran que en los países industrializados el consumo de azúcar se ha estabilizado, o incluso reducido desde hace años, por lo que no se puede ligar el incremento de la obesidad a un mayor consumo de azúcar y sí a unos determinados hábitos alimentarios y sobre todo al sedentarismo de la sociedad y especialmente de la población de niños y jóvenes.

Esta campaña de difamación y criminalización del sector remolachero azucarero no sólo le sale gratis a la ONG, sino que además goza del respaldo institucional de nuestro Gobierno, y eso sí que nos preocupa de verdad, y por tanto debemos denunciarlo.

Como productores de remolacha y miembros del Acuerdo Marco Interprofesional del Azúcar, debemos recordar que el sector ha vivido una profunda reconversión, realizando un importante esfuerzo de profesionalización con fuertes inversiones para llegar a ser líderes europeos tanto en rendimientos como en innovación.

No sólo los productores remolacheros, sino también la industria azucarera y los trabajadores del sector agroalimentario se han unido en defensa del modelo europeo de regulación del mercado de azúcar, que además garantiza un acceso preferente a las importaciones procedentes de los países más pobres del planeta -en virtud del acuerdo Todo Menos Armas-, así como de los países del África, Caribe y Pacifico (ACP) productores de caña y azúcar.

Además, el cultivo de la remolacha azucarera está reconocido como agroambientalmente beneficioso, por bajo nivel de emisiones de CO2 así como la importante reducción de insumos obtenida gracias a los importantes esfuerzos de innovación realizados por el sector.

No parece coherente ni apropiado que nuestro Gobierno, a través de la Aecid, se sume alegremente a los que pretenden remar a la contra. En este sentido, creo conveniente que el Ministerio rectifique y expresamente retire todo tipo de apoyo, institucional o financiero, a estas campañas que, sin base científica ni académica alguna, sólo generan alarmismo en la sociedad y perjuicios a los profesionales agrarios españoles.