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1.- ¿Qué es para usted un agricultor activo?

Creo que todos los que conozcan o tengan alguna relación con el sector agrario estarán de acuerdo con que las ayudas directas del primer pilar de la PAC deben destinarse a las explotaciones agrarias verdaderamente activas. La nueva PAC posibilita una mejor orientación de las ayudas, posibilidad que debemos aprovechar para garantizar que los pagos se concedan a aquellos que generan una actividad económica productiva real dentro del ámbito agrario. Esta mejor orientación es necesaria para corregir determinadas situaciones que dañan la imagen del sector agrario en su conjunto, todo ello con el fin de legitimar las ayudas ante los propios productores y ante el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, las circunstancias específicas de nuestra agricultura, tales como los productores a tiempo parcial o la diversificación de actividades, deben ser tenidas en cuenta para evitar la exclusión de beneficiarios que sí contribuyen a la economía rural y agraria.

2.- ¿Espera muchos conflictos ante la definición que pueda salir de la comisión de expertos sobre esta figura?

Sinceramente no lo espero. En la Conferencia Sectorial celebrada el pasado mes de julio se acordó, entre otros aspectos, crear un Grupo de Trabajo de Alto Nivel para analizar los requisitos que se exijan en relación con la actividad agraria y con la figura de agricultor activo. Esta comisión de expertos que menciona en su pregunta se ha reunido durante el mes de septiembre en dos ocasiones para analizar y debatir la definición de agricultor activo.

Durante los debates que se han mantenido, todos han coincidido en que las ayudas del primer pilar de la PAC deben destinarse a las explotaciones verdaderamente activas, a aquellas que generen una actividad económica real en el ámbito agrario. Son unos principios en el que todos los expertos están de acuerdo. Por ello considero que no habrá conflictos a la hora de establecer los requisitos que la reglamentación comunitaria permite en relación con la definición de agricultor activo.

En el reglamento comunitario ya se establece de forma obligatoria que no serán perceptores de las ayudas de la PAC aquellos beneficiarios que se encuentren en una lista negativa, que incluye aeropuertos y campos de deporte, entre otros.

Además, se puede decidir excluir de la percepción de los pagos directos a aquellas personas físicas y jurídicas cuya actividad agraria sea insignificante o no constituya su actividad principal u objeto social. Este es un aspecto sobre el que se está debatiendo ampliamente para, por un lado, dirigir las ayudas a los que realmente ejercen la agricultura y la ganadería y, por otro, tener en cuenta la agricultura parcial que tan importante es en nuestro país.

Por último el reglamento establece la posibilidad de fijar un umbral por debajo del cual no sea precisa la verificación del cumplimiento de los requisitos vinculados a la figura de agricultor activo. La posición del Ministerio en este sentido es establecerlo en 1.250 euros anuales, si bien habrá que esperar al resultado de los debates para conocer cuál será el umbral aplicable. Este es el mismo umbral acordado en Conferencia Sectorial para aplicar al régimen de pequeños agricultores lo que facilita la gestión y se sitúa en un término de equilibrio entre las posturas de las CCAA.

Tengo que hacer hincapié en que todavía estamos en un proceso de definición y que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTAN) tendrán que ser elevadas a Conferencia Sectorial, que es el órgano responsable de la toma de decisiones.

3.- Otro de los puntos clave de estas comisiones, será la definición de las comarcas, ¿habrá consenso o puede ser un obstáculo de cara a un acuerdo para cerrar la PAC?

La Conferencia Sectorial del pasado 24 y 25 de julio estableció que España aplicara un modelo de regionalización del futuro Régimen de Pago Básico basado en las comarcas agrarias actuales y en la diferenciación de las superficies agrícolas en tierras de cultivo de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos. Para ello, se tendrán en cuenta los importes que vienen recibiendo esas comarcas. Sobre estas bases, el Grupo de Alto Nivel está analizando como agrupar a los beneficiarios que reciben importes semejantes de ayuda por hectárea, de manera que el proceso de convergencia de las ayudas les suponga el menor grado de variación posible.

Soy optimista acerca del resultado de los grupos de trabajo porque creo que el buen clima que propició el acuerdo de la Conferencia Sectorial es el que está imperando entre los representantes de las comunidades autónomas y de mi propio equipo. Creo que llegaremos al resultado más adecuado para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestro sector agrario en su conjunto, de manera que la Conferencia Sectorial podrá de nuevo alcanzar un acuerdo al respecto.

Debo decir además que el ritmo de trabajo está siendo muy intenso, habida cuenta de que el resultado es aplicable a partir de 2015 y de que todavía nos queda un año de solicitud de ayudas con la PAC actual, la de 2014, que deseamos que transcurra con normalidad.

4.- De cara a esa negociación de la reforma agraria, parece claro que ninguna comunidad parece dispuesta a ceder ni un euro, ¿a quién teme más, a las comunidades nacionalistas, a las controladas por otros partidos o a las ‘propias’?

A diferencia del período anterior, les puedo asegurar que todo el trabajo se hará con absoluta transparencia y basado en criterios objetivos. Con respecto al primer pilar, los principales elementos del modelo ya han sido acordados por todas las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial, de manera que se intente evitar las transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios.

5.- ¿Qué soluciones se van a poder ofrecer al sector como el hortofrutícola, el viñedo o el tabaco, que se quedan fuera de las ayudas?

Tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial mencionada y en coherencia con el principio de no incorporar nuevas superficies que puedan conducir a la reducción de los importes de ayuda, que vienen recibiendo hasta ahora los agricultores y ganaderos, los productores de frutas y hortalizas y de viñedo y sus superficies que no venían percibiendo pagos directos, no se incorporarán al nuevo modelo de ayudas.

Sin embargo, quisiera dejar claro que este acuerdo sólo afecta a los agricultores que no estaban integrados en el régimen hasta ahora. Es decir, que los productores que ya se encuentran dentro del sistema, bien por haber recibido algún pago directo en su día o por pertenecer a explotaciones mixtas con otros cultivos que reciben ayudas de la PAC, seguirán en el nuevo régimen de pago básico como el resto de sectores.

Además, estos sectores cuentan con otros tipos de apoyos como son los fondos específicos a través del programa de apoyo al vino y los programas operativos para frutas y hortalizas.

En el caso del tabaco, cultivo fuertemente vinculado a las industrias tabaqueras mediante contratos y, por tanto dependiente de este tejido industrial, como consecuencia de las reformas anteriores de la PAC, se ha producido un proceso de reestructuración con un ajuste de la superficie y por tanto de la producción que ha llevado también a un reajuste de las empresas de primera transformación. Desde el inicio de las negociaciones de la actual reforma de la PAC, la propuesta de la Comisión ha sido la de no incluir el tabaco en el listado de cultivos con posibilidad de ayuda acoplada voluntaria. Nuestra postura siempre ha sido firme sobre este tema, es decir intentar que el tabaco estuviera en la lista de sectores del Anexo I, como proponía el Parlamento. Sin embargo, dadas las dificultades con las que nos encontramos en las negociaciones, propusimos un ajuste técnico, que finalmente se ha logrado, evitando que los productores dejen de percibir esa ayuda al incorporarse en el régimen de pago básico, se evita así un 11% de pérdida media de ayuda.

Por otro lado estan los posibles apoyos a través de la política de desarrollo rural, que jugarán un papel crucial en la continuación del cultivo. Además, en el ámbito de la reglamentación de la OCM Única, existen una serie de instrumentos para ordenación del sector que hay que continuar incentivando, como son el reconocimiento de agrupaciones de productores y de organizaciones interprofesionales y la estabilidad de las relaciones contractuales.

6.- No sólo de PAC vive el Ministerio, ¿se mantendrá la figura de mediador dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria una vez que se apruebe?

La mediación está contemplada en la Ley como un sistema de resolución de conflictos incluido en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, a la que puede recurrir cualquiera de las partes, siempre y cuando no haya acuerdo entre las organizaciones de productores y los compradores en el precio de los contratos alimentarios que tengan por objeto productos agrarios no transformados, en su primera venta.

7.- De haberlo, ¿puede jugar un papel similar al Defensor creado en Castilla y León, con potestad de denunciar públicamente las irregularidades que detecte pero sin potestad real para actuar?

Actualmente, el Ministerio está trabajando en el desarrollo reglamentario de la Ley a través de la elaboración de los correspondientes Reales Decretos, entre los que se encuentra el relativo al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Será en este Real Decreto donde se especifique el funcionamiento, procedimientos y trámites correspondientes. Estos Reales Decretos se están elaborando y serán publicados dentro de unos meses, mientras que la Ley entrará en vigor el 3 de enero de 2014.

8.- Sobre la mesa está también la ley de cooperativas, que en el sector agroalimentario está teniendo bastante eco y movimientos. ¿Se va a concretar en breve la fusión de las dos principales entidades de vacuno españolas? ¿Puede haber movimiento en el sector ovino y caprino, como se ha insinuado desde Castilla La Mancha?

La integración y la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa y asociativa de mayor dimensión favorecen la competitividad, el redimensionamiento, la modernización y la internacionalización de dichas entidades, siendo capaces de vencer obstáculos como la creciente volatilidad de los mercados internacionales, o los desequilibrios de la cadena agroalimentaria. Por ello, los recientes movimientos manifestados en el sector ovino y caprino (con la creación de EA Group) o los que puedan desarrollarse en el futuro en este sector o en el vacuno, van a permitir mejorar la posición y reducir la vulnerabilidad del sector primario frente a los siguientes eslabones de la cadena de comercialización, permitiendo una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.

En ese sentido, la nueva OCM, recientemente acordada, recoge la importancia de ganar dimensión en los sectores. Así, y a imagen de lo que en su momento se aprobó para el sector lácteo, también en el caso del sector vacuno de carne otorga a las organizaciones de productores la posibilidad de ejercer la negociación colectiva de los términos de sus contratos, incluido el precio, lo que sin duda favorece el desarrollo de un sector primario fuerte y competitivo.

En el caso concreto que comenta, referido al sector del vacuno de carne, efectivamente se está trabajando en diversas iniciativas puestas en marcha por el Ministerio en el año 2013, que esperemos alcancen el desarrollo e importancia que se espera de las mismas.

En este sentido, le recuerdo que es precisamente es el sector del vacuno de carne donde se observa el menor grado de actividad cooperativizada en España. Sin embargo, he de expresarle mi satisfacción porque, precisamente, en este momento, se está generando un importante movimiento que se espera culmine en breve con éxito, para que el sector de vacuno de carne se desarrolle mediante la fórmula cooperativa y que se cree un gran grupo cooperativo de carne de vacuno, con dimensión y capacidad.

Por lo que respecta al sector del ovino de carne, también desde el Ministerio se han dado dos importantes ayudas, favoreciendo la colaboración entre dos destacadas entidades del sector. Como resultado de las mismas podríamos estar en breve ante un nuevo escenario francamente positivo en el que España podría tener el mayor grupo cooperativo de ovino de carne de Europa, teniendo en cuenta la importancia cualitativa que este sector representa en el conjunto de nuestras explotaciones ganaderas.

En el caso del caprino de leche, efectivamente con sede en Castilla-La Mancha, se han promovido y concedido ayudas por primera vez para la constitución de un grupo cooperativo comercializador de leche de cabra, y por los resultados que se están obteniendo es previsible igualmente que esta iniciativa tenga una gran repercusión en los ganaderos de caprino en los próximos años. Esto se considera altamente positivo por parte del Ministerio, para mejorar uno de los sectores más desestructurados de nuestra ganadería.

En definitiva, quiero expresar el buen resultado obtenido por los encuentros promovidos desde el Departamento con las cooperativas, las asociaciones de las razas más importantes y algunas cadenas de distribución, para favorecer integraciones entre las entidades más importantes, para una mejor defensa de los ganaderos y regular el mercado interior y las exportaciones.

9.- El problema de las cooperativas radica, en la mayoría de los casos, en que son demasiados pequeñas y muy enfrentadas entre sí dentro de no sólo un mismo sector, sino de una misma población o comarca. ¿Puede o debe intervenir la Administración para impulsar las fusiones o es algo que debe tomar la iniciativa privada por su cuenta?

Desde el Ministerio somos plenamente conscientes de la importancia del cooperativismo como una pieza básica en el entramado productivo, industrial y comercializador de la cadena agroalimentaria, representando aproximadamente el 35% de la Producción Final Agraria.

En este sentido y dentro del conjunto de reformas estructurales iniciadas por el Gobierno para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, se aprobaron recientemente la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, y la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el objetivo principal de desarrollar un sector más potente, competitivo, innovador y exportador, y que tenga más capacidad de traslación de costes a los precios finales.

Mediante la Ley de fomento de la integración, pretendemos desarrollar e incrementar la importancia de las cooperativas agroalimentarias, a través de su redimensionamiento- Es decir por un lado reduciendo su número y por otro incrementando su dimensión y peso específico en el sistema agroalimentario.

Los instrumentos para llevar a cabo esta tarea, previstos en la Ley, son la figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito supra-autonómico, con suficiente capacidad y dimensión y el Plan Estatal de Integración Asociativa. Actualmente se está elaborando la normativa para regular estos instrumentos.

Por tanto a la Administración le corresponde favorecer, crear e impulsar las plataformas y mecanismos necesarios que permitan que el propio sector en el marco de una económica de libre mercado adopte las iniciativas que considere oportunas con los medios que ponemos a su alcance, para lograr los objetivos que tenemos marcados.

No obstante, por nuestra parte realizaremos todas aquellas acciones, que sean precisas para apoyar las iniciativas que los productores nos están demandado y así garantizar nuestro compromiso con el sector.

No podemos olvidar, que junto a las actuaciones de las administraciones, sin el impulso y la decidida actuación privada no se lograrán los objetivos previstos en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

10.- Su Ministerio aboga por estas fusiones, pero ¿deben participar más activamente las administraciones autonómicas en esta política, presionando para que se cierren acuerdos?

En consonancia con lo expresado anteriormente, a todas las administraciones le corresponde la participación en el fomento de la integración cooperativa. En este sentido, las diferentes comunidades autónomas han venido expresando su interés por el contenido y la oportunidad de su participación en el futuro plan estatal de integración asociativa, que deberá contener las actuaciones previstas por las mismas, así como por su integración en los respectivos Programas de Desarrollo Rural.

En este contexto la Administración del Estado es solo un eslabón más en una tarea ineludible que exige de la responsabilidad del conjunto de agentes que intervienen en el sector y que, por tanto, necesita de la colaboración y participación de todos: cooperativas agroalimentarias, organizaciones profesionales y comunidades autónomas.

En definitiva se trata de un autentica política de estado en materia de integración cooperativa agroalimentaria, para que todas las organizaciones, instituciones, entidades financieras de todo tipo y las administraciones rememos en el mismo sentido hacía la mejora de su competitividad, redimensionamiento e internacionalización.

11.- Otra cuestión pendiente es la Ley que regulará los Consejos Reguladores. ¿En qué ejes se va a basar esta propuesta y qué repercusiones puede tener cuando choquen los intereses políticos de varias comunidades, como ha sucedido recientemente en el caso de La Rioja?

No hablamos de una propuesta en elaboración, ya que el texto del Anteproyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito supra-autonómico ya ha comenzado su trámite oficial. En estos momentos, ya se ha realizado el trámite de consultas a organizaciones sectoriales y, por supuesto, a las Comunidades Autónomas.

La norma es el desarrollo nacional de los preceptos contemplados en la normativa comunitaria en la materia y, por tanto, de directa aplicación pero, al mismo tiempo, adaptando, dentro de la subsidiariedad que se permite, el modelo a nuestra organización nacional y tradición en el desarrollo de estas figuras.

Ya desde antes de esta Ley, desde el Ministerio hemos buscado, incrementar al máximo la participación de las comunidades autónomas afectadas territorialmente por una figura supra-autonómica y creemos que hemos satisfecho las distintas inquietudes. Se ha de tener en cuenta la especificidad de la organización administrativa de diferentes comunidades, pero siempre sin olvidar que existe un nexo común que agrupa los distintos territorios, en torno a un único nombre que ampara productos con características específicas vinculadas con una única área geográfica delimitada.

Estoy convencido que todas las administraciones encontraremos el punto de encuentro, como hemos venido haciendo hasta la fecha, que redunde en una protección adecuada de todas las figuras y facilite el desarrollo de la actividad económica de nuestras empresas. Sobre todo cuando los propios operadores, a través de su agrupación, han decidido acometer un proyecto común en torno a elementos característicos que comparten.

12.- ¿El proyecto recoge si algunas Denominaciones deberán comenzar a pensar que deben dar paso a una nueva evolución y renunciar, en parte, a su historia o es compatible mantener algunas D.O. o IGP muy determinadas sin que les afecte la filosofía de ámbito nacional que quiere impulsar su nuevo proyecto?

Nadie tiene que renunciar a su historia, todo lo contrario. Lo que se pretende es, consolidando la tradición, afianzar legalmente el papel que ha de jugar cada cual de cara al futuro, alejando cualquier cuestionamiento jurídico en torno al modelo. Para ello, se pretende acometer una clarificación, adaptación a la nueva normativa comunitaria y refuerzo de las funciones que tienen que desarrollar los órganos de gestión, los Consejos Reguladores, que se han erigido como una pieza clave en el progreso de este modelo de diferenciación de la producción en nuestro país.

Pero, al mismo tiempo, se hace necesaria una reforma en el sistema de control oficial y hacerlo plenamente compatible con el modelo impuesto a nivel comunitario, donde el responsable último y principal es siempre la autoridad competente, pero con posibilidad de delegar determinadas tareas de control, de acuerdo al cumplimiento de una serie de requisitos.

No hay nada transgresor en este Anteproyecto de Ley supra-autonómico, ya que las raíces de la reforma parten de la normativa comunitaria, como decía, de directa aplicación en todo el territorio de la UE.

14.- Se ha avanzado como nunca dentro del Plan Hidrográfico Nacional, pero la tensión sigue igual de tensa cuando se habla del Tajo-Segura. ¿Habrá consenso o se deberá imponer el Ministerio a la hora determinar qué se tiene que hacer?

Afortunadamente las tensiones por el agua han pasado a mejor vida tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y cinco Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia), sobre el trasvase Tajo-Segura. La política de confrontación por el agua ya no es una opción para España. Con este acuerdo, fruto de muchas horas de negociación y dialogo, se ha demostrado que en España es posible construir grandes consensos territoriales en temas muy complicados y tradicionalmente conflictivos.

En el acuerdo se garantiza la preferencia de la cuenca cedente, con carácter general, y se estable por ley, en la Cuenca del Tajo la reserva de 400 Hm3. por debajo de la cual no se autorizaran trasvases. De este modo la cuenca cedente podrá disponer del agua que necesite, incluyendo sus requerimientos ambientales, y se asegura así que su desarrollo no puede verse limitado como consecuencia del trasvase. Con las aguas excedentarias, se cubrirán las necesidades de abastecimiento y riego de la cuenca receptora.

Con este acuerdo se demuestra que se puede hacer una gestión del agua equilibrada, solidaria, sostenible y realista.

15.- Los Presupuestos de este año apuestan por las inversiones en materia de agua, pero los regantes están indignados con la subida de las tarifas y las consecuencias que puede tener respecto a su futuro. ¿Qué papel puede jugar el Ministerio para que no recaiga tanto castigo sobre los regadíos?

El criterio que mantiene el Ministerio de Industria es de sobra conocido: los costes fijos del sistema se deben pagar con la parte fija de la tarifa que no dependa del consumo, ya que si no, el consumo subvencionaría los costes fijos de distribución y transporte, que además, en el caso del regadío, son más altos debido a su dispersión territorial.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al no ser el ministerio competente en este tema, solo puede limitarse, por un lado, a poner en contacto los representantes de las comunidades de regantes con los responsables del Ministerio de Industria, propiciando encuentros a todos los niveles, para que los regantes expongan directamente sus preocupaciones a los gestores del sistema eléctrico. Por otro lado, a llevar a cabo actuaciones directas como es el apoyo a la creación de una central de compras para abaratar costes, brindando a las comunidades de regantes toda su colaboración para su puesta en marcha y funcionamiento.

En el reglamento de desarrollo rural para el próximo periodo de programación 2014-2020, el Ministerio ha logrado introducir como coste elegible las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de las comunidades de regantes, aspecto éste que no estaba incluido en la propuesta inicial de la Comisión. En este tipo de inversiones, éstas comunidades deberán efectuar previamente auditorias energéticas en las que se señalen los elementos a sustituir o mejorar, con objeto de que su sistema eléctrico quede optimizado en todos sus aspectos.

También hay que señalar que en los proyectos de modernización de zonas regables que se están realizando, tiene una gran importancia la componente energética, con objeto de que los costes de explotación de la zona modernizada sean los menores posibles. Aprovechar los desniveles topográficos como elemento generador de presión, elevar la tensión de entrada en las estaciones de bombeo y gestionar la red de riego de una manera acorde con los periodos tarifarios, conducen a un consumo inteligente de la energía, que en definitiva, lleva a minorar la factura eléctrica.

16.- Ante las tensiones entre productores e industria por el precio de la uva o de los cereales, ¿debe mediar la Administración para poner orden y evitar que algunas de las partes salga perjudicada?

Con la entrada en vigor de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se espera que acaben estas discrepancias. La Ley incluye un régimen sancionador, del que carece la actual Ley, contra la morosidad y que establecerá como infracción grave el incumplimiento de los citados plazos de pago. La nueva Ley obliga además, a realizar contratos en origen por escrito con anterioridad a la entrega.

En cualquier caso, la Administración no debe interferir en las normas del mercado, lo que no quiere decir que no deba intentar que no se produzcan enfrentamientos entre operadores económicos en todos los momentos de la campaña de comercialización.

En este sentido, este Gobierno ha dado un paso muy importante al impulsar la reciente promulgación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En esta ley se actualiza el régimen de contratos–tipo de productos agroalimentarios con el fin de buscar un mayor grado de unión entre todos los operadores de la cadena alimentaria.

También la atomización del sector productor incide en un menor poder negociador de los productores con la Industria, por lo que el Gobierno fomenta e impulsa el asociacionismo agrario, en especial a través de las cooperativas, con el fin de concentrar la oferta y tener mayor poder negociador. En este sentido, quisiera destacar la publicación de la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Los distintos sectores agrarios, entre ellos el vitivinícola o el sector de los cereales, deben aprovechar todos los instrumentos legales puestos a su disposición para lograr una máxima fluidez en las relaciones mercantiles. Además, hay que tener presente todas las disposiciones de la nueva Reforma de la PAC, cuyos textos legales verán en breve la luz, que tienden a fomentar la vertebración del sector agroalimentario. En este sentido la nueva OCM Única, en vigor a partir de 2014, dispone la extensión de la medida del Paquete lácteo relativa a las relaciones contractuales al resto de sectores agrarios, por lo que el Estado miembro podrá exigir contratos escritos para la entrega de productos del productor al distribuidor. Asimismo, para determinados cultivos herbáceos (entre ellos, trigo blando y duro, maíz, cebada, centeno y avena) se ha aprobado la extensión de la medida del Paquete lácteo relativa a que la negociación de los contratos de los productores pueda llevarse a cabo a través de las organizaciones de productores reconocidas, medida que contribuye al refuerzo del poder negociador del sector productor y, en definitiva, al reequilibrio de la cadena alimentaria.

Estimo que el sector agrario tiene la obligación de aprovechar al máximo las posibilidades que le ofrecen tanto las instancias nacionales como las comunitarias.

17.- En principio está previsto que el día 1 de enero se prohíban las aceiteras irrellenables. ¿Se va a aplicar a rajatabla, habrá una moratoria para la hostelería o, incluso, para la propia industria aceitera, que será la que deba proporcionar esos envases?

Entendemos que ha habido tiempo suficiente para que se realicen las adaptaciones necesarias para que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2014, ya que el proyecto de norma fue remitido a principios de julio a todos los implicados y afectados por la misma, incluida la hostelería y restauración. En cuanto a la industria aceitera, no me cabe duda de que estará deseando que llegue el momento de que entre en vigor esta norma.

18.- Respecto a las aceiteras, ¿cómo se hace efectiva esta medida si leyes más políticamente defendidas por todos como la Ley antitabaco aún se incumple en muchos restaurantes?

El control de una efectiva aplicación de esta medida corresponde a las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas. No obstante, la clave del éxito de esta medida radica en un consumidor bien informado que, a partir del 1 de enero de 2014, exija que los aceites de oliva y de orujo de oliva en el canal HORECA estén envasados y etiquetados, dispongan de un cierre que pierda su integridad tras su primera utilización y sean irrellenables.

19.- Una de sus iniciativas es celebrar elecciones en el campo español el próximo año. ¿Cómo son sus relaciones con las OPAS? ¿Habrá consenso para celebrar unos comicios que permitan saber la realidad de la representatividad del sector?

Las relaciones con las OPAS son excelentes, comp. prueban las sesiones de trabajo celebradas con motivo del trámite de consultas del proyecto de Ley para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Estos encuentros se han celebrado en un ambiente de gran cordialidad y cooperación.

La ley que se plantea es un proyecto del gobierno, que tiene como fines la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias y la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Hace más de 35 años que no se mide la representatividad del sector, por lo que va a llevarse a cabo un ejercicio de democracia, de transparencia y de legitimación de las organizaciones que defienden los intereses del conjunto del sector. Creo que la representación legitimada es buena para el conjunto de la sociedad ya que siempre es positivo reforzar los mecanismos democráticos y de representatividad.

20.- ¿Cómo se mide la representatividad en un sector económico como el agropecuario, voto por persona o por actividad?

El proyecto en que estamos trabajando tiene como objetivo determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional. Las organizaciones profesionales así definidas representan los intereses de los diferentes subsectores que constituyen el sector agrario.

El sector agrario está formado por el conjunto de las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, por lo que cualquier referencia a él integra el sector agropecuario.

La consulta se realiza mediante el voto de las personas con derecho a participar en ella: las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual.

21.- Y para terminar, el final de las cuota lácteas está provocando un auténtico temor en el sector por las consecuencias que pueda tener, ¿se replantea el Ministerio presionar a Europa para evitar o buscar alguna otra alternativa a esta decisión?

Es lógico que la aplicación de la nueva reforma de la PAC, unida a la desaparición de un régimen limitador de la producción (la cuota láctea) vigente durante más de 30 años, provoque en el sector una cierta incertidumbre.

No obstante, el sector lácteo viene desarrollando desde hace bastantes años un intenso esfuerzo de reestructuración, que ha hecho que las explotaciones hayan ganado en dimensión, para prepararse ante este escenario que requerirá indudablemente de estructuras más eficientes y competitivas.

Por otra parte, la aplicación del “paquete lácteo” ha permitido dotar al sector de herramientas que han de servir para mejorar la estabilidad en las relaciones y la transparencia en las transacciones. Son elementos esenciales para la mejora del funcionamiento de la cadena de valor que implican a todos los eslabones de la cadena, y que deben aportar predictibilidad y estabilidad en los volúmenes de producción y los precios.

Los datos invitan al optimismo. En la actualidad hay siete organizaciones de productores reconocidas, con un volumen total de leche comercializada de casi 2 millones de toneladas (una tercera parte de nuestra producción), y engloban a más de 5.000 productores, casi la cuarta parte de los productores lácteos en activo.

En relación a los contratos, en agosto, había firmados más de 15.800 contratos entre productores de vacuno de leche y sus compradores, que supone casi un volumen de leche mensualizada de 540 millones de litros. Estas cifras indican que en la actualidad la práctica totalidad de la leche entregada por ganaderos a los compradores está sujeta a contrato.

En cuanto a las decisiones a adoptar en el ámbito europeo, quiero destacar que la reforma de la PAC recién aprobada, permitirá disponer de herramientas de gestión de mercado para atender las posibles situaciones difíciles que puedan acaecer en el mercado de la leche. También en relación a las ayudas directas, podemos afirmar que el sector lácteo continuará disponiendo de un volumen de ayudas importante, entre pagos acoplados y desacoplados. Hemos luchado mucho en las negociaciones para que esto sea así, evitando que se nos imponga una “tasa plana” en las ayudas que hubiera perjudicado mucho al sector lácteo, que cuenta con importes unitarios por derecho más elevados que otros sectores tanto agrícolas como ganaderos.

Ahora el reto es diseñar instrumentos a nivel nacional que permitan atender a los ganaderos realmente activos y contar con un sistema de regionalización que limite los posibles trasvases entre territorios. También puedo asegurar ya, porque así lo perciben unánimemente los responsables de todas las CCAA, que este sector contará con pagos acoplados, vinculados de alguna manera a la dimensión productiva.

Seguiremos trabajando intensamente en colaboración con las CCAA y los representantes sectoriales para garantizar la viabilidad futura del sector lácteo. En este sentido, la Conferencia sobre el sector lácteo recién celebrada en Bruselas, ha servido como primer punto de encuentro para el debate sobre la necesidad de avanzar en el diseño de instrumentos adicionales para garantizar la viabilidad del sector tras la desaparición de las cuotas.

Las perspectivas en el mercado mundial de leche no son en absoluto malas, sino todo lo contrario. Pero es verdad que el sector sabe que se enfrenta en el futuro a volatilidades importantes en los precios y en los costes. Vamos a continuar trabajando y a buscar alianzas en Europa en el caso en que puedan producirse desequilibrios en el mercado o en las rentas de nuestros productores.