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“¿Queso ecológico? ¿Eso qué es?”. Hace 18 años, cuando los hermanos Alfredo y Rafael González montaron su empresa, la comida ecológica era un exotismo en España. “Nos miraban como a locos. No había veterinarios especializados, teníamos que cargar nosotros mismos en sacos el poco pienso ecológico que conseguíamos”. Pero Alfredo y Rafael, que entonces eran veinteañeros con mucha ilusión en su proyecto, tenían claro lo que querían. “Un negocio sostenible para nosotros y la naturaleza. No queríamos encerrar a los animales en un establo”. Compraron 100 cabras “viejas y tullidas” a unos pastores que se jubilaban y las pusieron a pastar en una finca de monte virgen heredada de su padre, en pleno parque natural de la cuenca alta del río Manzanares, al noreste de Madrid.

Hoy la mayoría de los supermercados españoles reservan un espacio para los alimentos ecológicos. Alfredo y Rafael tienen 1.400 cabras que producen 350.000 litros de leche al año. Con ella elaboran 175.000 litros de yogur y 25.000 kilos de queso bajo la marca Suerte Ampanera. Todos con el sello de la UE que los certifica como alimentos ecológicos. “Eso significa, por ejemplo, que una persona alérgica a los antibióticos tiene garantizado que no va a encontrar ni rastro de ellos en ese queso. Que las cabras se han criado al aire libre, pastando en el monte o, en la época de mayor frío, comiendo pienso ecológico. Que la corteza no tiene colorantes artificiales ni perfumes ni conservantes…”, enumera Rafael. Los inspectores de los consejos oficiales de certificación, dependientes de las comunidades autónomas, garantizan que efectivamente esto es así.

¿Ecológico significa también más rico? “Eso no se puede garantizar. Solo se puede garantizar el proceso, no el resultado final. Que esté más o menos rico depende ya de la habilidad de cada productor. Conseguir una corteza bonita sin usar química, por ejemplo, nos ha dado a nosotros muchos quebraderos de cabeza y mucha investigación personal, a base de prueba y error. A la gente la comida le entra por los ojos, y si ve moho, aunque le asegures que es bueno, ya no lo quiere”, explica Rafael. Con el tiempo, y pese a todos los inconvenientes, los hermanos González han logrado que sus productos sí sean más ricos: en 2011 lograron el premio al mejor queso de España que concede el Ministerio de Agricultura.

La empresa de Alfredo y Rafael figura en la lista de los 33.704 operadores de alimentos ecológicos certificados que recoge la estadística oficial española de 2013. En 1997, cuando ellos empezaron, había solo 3.811 (entre productores, elaboradores y comercializadores). Fueron pioneros en un sector en plena fase de expansión. En estas dos décadas no solo se ha disparado el número de operadores, sino que España además se ha convertido en el país con mayor superficie de la UE dedicada a la producción ecológica, con 1,6 millones de hectáreas de cultivo. El consumo nacional también ha aumentado, aunque el 75% de la producción se acaba exportando.

Pero este desarrollo espectacular puede verse frenado por el nuevo reglamento que se está debatiendo en Europa. Esta nueva legislación, mucho más estricta que la anterior, parte de un informe de 2012 del Tribunal de Cuentas de la UE que detectó deficiencias en el sistema de control. Bruselas se puso a trabajar y en marzo del año pasado presentó un borrador que puso al sector en pie de guerra: si se aprueba sin modificaciones, casi la mitad de las granjas españolas podría desaparecer porque quedarían prohibidas las explotaciones mixtas (en las que conviven, en zonas delimitadas, zonas ecológicas y otras de cultivos convencionales). En Europa, el porcentaje de granjas mixtas se mueve en torno al 25%. En España alcanza de media el 40%, aunque en regiones como Andalucía supera el 50%.

“Es una barbaridad. Estamos de acuerdo en que el objetivo es que desaparezcan las granjas mixtas, pues eso reducirá los riesgos de contaminación de los pesticidas que se usan en las tierras colindantes, pero necesitamos más tiempo", explica Víctor González, coordinador técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), una de las organizaciones que participan en las negociaciones en Bruselas, que ya han logrado importantes mejoras en el borrador. Aún no hay nada cerrado, pero los últimos acuerdos hacen prever que la norma será finalmente más suave. "Hacen falta dos años para convertir una tierra en ecológica y unos cuantos más para conseguir que sea rentable; por eso muchos agricultores lo hacen paulatinamente”.

Hay además muchos otros pequeños agricultores ecológicos que no certifican ni siquiera una pequeña parte de su producción. Algunos porque no pueden afrontar los gastos y otros, simplemente, por principios. “La certificación sirve cuando quieres competir en el gran mercado de la alimentación, pero ese mercado no nos interesa", afirma Rubén Iglesias, copropietario de la explotación Huerta la Madre Vieja en la vega del Jarama, al sur de Madrid, que fundó en 2010 junto a su socio Pablo Martínez tras terminar su carrera de ingeniería. "Nos hemos metido en esto precisamente porque queremos cambiar ese sistema, que la gente pueda saber de verdad lo que come”.

Huertas como esta no aparecen en las estadísticas oficiales, pero también pueden considerarse parte del avance de la alimentación ecológica en España. No pueden utilizar el sello oficial de la UE, pero no les hace falta porque sus clientes confían en ellos. “Pueden venir, tocar, oler. Y si en algún momento tenemos un problema, como cuando hace un par de años tuvimos que utilizar un pesticida para salvar una cosecha de patatas, les advertimos”, explica Pablo.

Este sistema, basado en la confianza y la venta directa a grupos de consumo, es creciente en toda España. No se sabe cuántos productores de este tipo hay porque no hay registro oficial, pero sí que cada vez son más: solo en la Comunidad de Madrid se calcula que hay un centenar de grupos de consumo que se nutren de ellos.

Sobre los cambios legislativos que se debaten en Europa, se muestran indiferentes. “Las políticas locales de apoyo a los pequeños productores de cada región pueden hacer mucho más por la agricultura ecológica que las grandes políticas que puedan surgir en Bruselas. Creemos que se debe trabajar mucho más desde los Ayuntamientos para fomentar estos nuevos modelos más respetuosos con la tierra y con el propio consumidor”, opina Rubén. “Por otra parte, hay que ser realistas: ninguna tierra es puramente ecológica. Ni la nuestra ni la que está certificada. Es imposible que no lleguen partículas de pesticidas de otras tierras. Por eso, lo que debemos hacer es luchar para que cada vez se utilicen menos químicos, tanto en los cultivos ecológicos como los industriales”, concluye.

Guerra de intereses en Europa

La prohibición de las explotaciones mixtas es la gran fuente de conflicto en la negociación de la nueva normativa europea sobre alimentación ecológica. Pero hay más: por ejemplo, la extensión de los controles a las tiendas que venden envasados. Los operadores entienden que el producto ya llega certificado a esas tiendas, por lo que no es necesaria esta segunda inspección que genera más gastos a los pequeños comercios.

David Samper, presidente de INTERECO, la entidad que agrupa a los comités de certificación de todas las comunidades autónomas, asegura que el fraude en el sector primario (agricultores y ganaderos) es mínimo. “La vigilancia es rigurosa y hacemos inspecciones por sorpresa. Es muy difícil que haya fraude en ese nivel”, asegura. “Más difícil es el control de los productos industriales elaborados con más de un ingrediente. Un bote de tomate frito, por ejemplo, puede contener ingredientes de varios países: tomate de España, azúcar de América y aceite griego. Y luego estar elaborado en Italia. Es complicado seguir la trazabilidad de todos estos elementos, como advertía el informe del Tribunal de Cuentas, pero si se hacen bien los controles en el sector primario, no tiene por qué haber problemas”, opina.

Otro problema son las semillas. No hay suficientes semillas ecológicas en muchas variedades porque todavía no hay suficientes cultivos, por lo que ahora está permitido usar convencionales en estos casos. El borrador del nuevo reglamento quiere prohibir esta opción, con lo que cortará el paso a un montón de variedades de frutas y hortalizas que aún no tienen semillas. “Y eso afecta especialmente a España, que es la mayor productora de frutas y hortalizas”, advierte Marta Piqueras, del sindicato agrario COAG, que también participa en las discusiones. “Este ejemplo demuestra que los intereses de los países poderosos de la UE, como Alemania, han influido mucho más que los mediterráneos en la elaboración del reglamento”, añade.

Hay novedades, no obstante, que todo el sector considera muy positivas. Por ejemplo, la posibilidad de que los pequeños agricultores puedan certificar sus productos en grupo, sin necesidad de pagar a los comités oficiales. El sistema, que simplifica el proceso y abarata costes, ha demostrado su eficacia en varios países de América porque promueve el autocontrol: si un productor comete fraude, todo su grupo es sancionado.