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En la elaboración de este análisis del PNUMA han participado 19 instituciones y centros científicos de primer nivel, y se centra en la brecha existente entre la cantidad de fondos disponibles y la cifra que realmente se necesita para hacer frente a las consecuencias del calentamiento advertidas por los científicos. Así, según los datos que han manejado los expertos responsables de este informe, las previsiones realizadas hasta ahora son «excesivamente bajas».

La brecha a escala global es de alrededor de 2000 M$ anuales entre oferta y necesidades de financiación, que las alianzas público-privadas podrían ayudar a reducir con distintas iniciativas basadas en ecosistemas (EbA), que persiguen impulsar prácticas sostenibles con los ecosistemas y los recursos, como la producción y aplicación de abonos orgánicos, la diversificación de cultivos y el terraceo, entre otras.

Según se recoge en el informe, en el escenario más positivo de todos los contemplados en el que no se superan los dos grados de temperatura a finales de siglo respecto a los niveles preindustriales, el coste de la adaptación en las naciones en desarrollo se duplicará y «muy probablemente se triplicará». Y si se tiene en cuenta el hecho de que los países desarrollados también deben adecuarse a un menor rendimiento de los cultivos, a periodos de sequía y escasez de alimentos y agua y a las consecuencias del incremento del nivel del mar, tal y como se advierte en el AR5, los cálculos sitúan la factura climática en materia de adaptación hasta los 150 000 M$ anuales hasta 2030 y de entre 250 000 M$ y 500 000 M$ antes de 2050.

Así las cosas, ya desde la COP 20 de Lima las naciones deben trabajar para definir medidas que impulsen iniciativas público-privadas basadas en los ecosistemas (EbA), que fomenten una producción sostenible, así como la gestión sostenible de los recursos, los ecosistemas y sus servicios para ayudar así a minimizar la brecha de adaptación.

La inclusión de estas fuentes alternativas de financiación hacia la adaptación depende de políticas públicas direccionadas. «Planes, estrategias, regulaciones y programas son algunos de los instrumentos que los gobiernos pueden emplear para impulsar una mayor participación del sector privado, así como la implementación de opciones de adaptación sostenible y costo-efectivas. Los roles que juegan distintos actores, como gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidad académica, son clave para definir las reglas de participación», subrayan desde el PNUMA.

A estas opciones hay que añadir el diseño de mecanismos que hagan posible el incremento de la financiación climática. En la actualidad, la financiación para la adaptación de origen público se eleva a entre 23 000 y 26 000 M$ (según cifras del periodo 2012-2013), de los que el 90 % se destinaron a países ajenos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de a Chile y México.

Según el punto 3.4 del informe, dedicado a «Resultados indicativos de la financiación de la brecha de adaptación y opciones para superarla», algunas de las alternativas planteadas para lograr ingresos adicionales son las la subasta internacional de derechos de emisión, la subasta de derechos en esquemas nacionales de comercio de emisiones, un impuesto del carbono, ingresos derivados del transporte internacional, otros cargos por transacciones e impuestos a las transacciones financieras.

Con estas medidas, se estima que se lograría una recaudación adicional de entre 26 000 y 115 000 M$ de aquí a 2020, y de entre 70 000 y 220 000 M$ antes de 2050.

Desde el PNUMA piden que en el futuro acuerdo de París se incluyan planes de adaptación integrales, además de una ampliación del Fondo Verde para el Clima.