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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha presidido hoy el Consejo Consultivo de Política Agrícola, preparatorio del Consejo de Agricultura de la Unión Europea (UE) del 24 y 25 de junio en Luxemburgo, al que acudieron representantes de todas las comunidades autónomas, a excepción de Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.

La próxima semana podría quedar definitivamente cerrada la reforma, al menos los puntos esenciales, según el calendario que persigue el ministro de Agricultura de Irlanda, Simon Coveney, país que ejercer la presidencia de turno de la UE.

Pero, a punto de finalizar los trílogos (las negociaciones a tres bandas entre Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo), los responsables autonómicos han apuntado que quedan "flecos" importantes por zanjar en aspectos como la homogeneización de los pagos que reciben ahora los agricultores (convergencia interna) y la aplicación del "greening" o "pagos verdes".

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, Luis Planas, ha indicado que uno de los aspectos que más le preocupan es el de la convergencia interna, porque en caso de no alcanzar un buen acuerdo "todos los fantasmas de la tasa plana pueden hacerse realidad".

Según Planas, la definición del concepto de región y una dotación "suficiente" para los programas de desarrollo rural son otras de las líneas aún abiertas.

A su juicio, puede que la próxima semana se cierre un acuerdo político con los puntos básicos, mientras que muchos aspectos "que interesan a las comunidades autónomas" quedarán en manos de la discusión con el Parlamento y el Comité Especial de Agricultura.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha reiterado que aún "quedan asuntos relevantes por fijar, como evitar que haya trasvases importantes de fondos de unos sectores a otros".

La flexibilidad en el "greening" o el impulso a la incorporación de los jóvenes la campo son otros de "los flecos", ha aseverado.

En opinión de Soriano, "el momento es crítico, porque no está todo cerrado", si bien ha mostrado su confianza en que la reforma llegue a plasmar lo que se está demandando desde Castilla-La Mancha.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Extremadura, José Antonio Echávarri, ha resaltado la necesidad de que la nueva PAC incluya una definición de "agricultor activo" que garantice que las ayudas se destinan a los que mantienen una actividad agraria "real".

Echávarri ha precisado que, una vez que se ha conseguido un presupuesto "aceptable" y una limitación a las hectáreas con derecho a recibir ayudas, Extremadura mantiene como prioridad la definición de la convergencia interna, que "debe diseñarse tomando como base criterios que reconozcan la diversidad de las producciones".

El consejero de agricultura de Aragón, Modesto Lobón, ha remarcado que se llega al final de la negociación "con todo prácticamente abierto", por lo que augura reuniones maratonianas entre Gobierno y comunidades autónomas para aplicarla.

Aragón ha abogado por una definición adecuada no sólo del "agricultor activo", sino también del "ganadero activo", además de un tratamiento específico para la ganadería extensiva, con una solución mixta que incluiría ayudas vinculadas a la producción.

Lobón no cree que la reforma pueda concretarse durante la actual presidencia de la UE, sino que en su opinión dejaría el testigo a la de Lituania, aunque otros consejeros no comparten esta tesis.

Ha exigido que la convergencia interna no provoque un trasvase de fondos entre sectores o regiones, y ha asegurado que debería estudiarse una solución intermedia entre los que defienden criterios nacionales y los defensores de repartir los fondos según unas regiones agronómicas homogéneas.

Con esta fórmula, el reparto lo harían las comunidades autónomas que hoy existen, pero dentro de ellas podría establecerse una "regionalización" agronómica, como una salida a medio camino.

También ha aprovechado su reunión con el ministro para pedir una rebaja del coste del seguro de retirada de cadáveres de explotación para sectores como el porcino, sobre la que -según Lobón- el ministro se ha comprometido a estudiar para "buscar soluciones".