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Más de 200 expertos de 24 países han abordado esta semana, en Las Palmas de Gran Canaria, el combate contra la pesca ilegal, en una reunión organizada por el Consejo Consultivo de Aguas de Larga Distancia, entidad que representa a la flota y a otros sectores interesados en los caladeros de fuera de la Unión Europea.

El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha manifestado que la lucha contra ese problema es una “prioridad” para el Gobierno. Para hacer frente a esa “lacra”, Hermida ha asegurado que existe la base legal suficiente para actuar con toda garantía, además de subrayar la cooperación internacional.

En cuanto a España, ha señalado que la base legal se centra en la normativa de la Unión Europea y la orden nacional que regula el control de importaciones y las medidas de acceso a puertos españoles. Hermida ha hecho hincapié en la nueva Ley de Pesca, que refuerza las sanciones contra actuaciones ilícitas de la flota e introduce multas que pueden alcanzar los 600.000 euros.

Las voces de pescadores y ecologistas

Durante la conferencia, el responsable de Pesquerías de WWF, Raúl García, ha demandado actuaciones rápidas porque la tendencia en los caladeros “no es buena”. En especial, WWF ha alertado de la situación en África occidental, donde existen áreas no controladas.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha manifestado que la pesca ilegal es “sin duda” una de las principales amenazas para el sector español, junto con la competencia desleal de los países asiáticos que desarrollan su actividades con costes de explotación muy inferiores.

Por otro lado, esta semana se ha publicado un informe de la fundación One Earth Future, que acusaba a los buques españoles de extraer pescado en las aguas territoriales de Somalia. El Gobierno ha desmentido ese documento y ha afirmado que los navíos con bandera española están sometidos a controles “estrictos” y vigilados para no invadir las zonas económicas exclusivas de países como el africano.