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La nueva política pesquera común de la UE, adoptada en enero de 2014, establece que los países deben poner fin a la sobrepesca y promover cambios que favorezcan a las flotas más sostenibles. La legislación está ahí, y gusta incluso a los ecologistas, pero los Estados miembros “no están haciendo los deberes”, explica Aniol Esteban, de la New Economics Foundation (NEF). Esta organización británica publica hoy un análisis que muestra cómo una mejor gestión podría generar 824 millones de euros en beneficios y 102.000 empleos adicionales en el sector pesquero. “El informe expone que hay un potencial oculto que los países deberían aprovechar”, señala Esteban.

La NEF ha analizado 221 flotas pesqueras de la UE y el 73% de los desembarques a partir de los datos que los Estados envían a la Comisión Europea y de un modelo bioeconómico desarrollado durante dos años al que han contribuido académicos e instituciones europeas. El estudio muestra que mejorar beneficios y puestos de trabajo depende de dos cosas: restablecer las poblaciones de peces, es decir, reducir las cantidades que se permite pescar, y redistribuir las cuotas pesqueras para dar los permisos a flotas más sostenibles y que emplean a más personas.

Los ministros de pesca de la UE se reunieron en diciembre pasado para acordar los límites para este año. “Un análisis de los acuerdos muestra que en el 63% de los caladeros europeos se permitieron más capturas de las que recomendaron los científicos”, dice Esteban. La Comisión Europea prepara propuestas de TAC (totales admisibles de captura) basándose en dictámenes científicos de organismos consultivos que estudian las poblaciones, pero es el Consejo de Ministros de Pesca el que acuerda cada año los TAC, que se reparten entre los países en forma de cuotas nacionales. Estas, a su vez, se reparten entre los pescadores. Según Esteban, se hace por defecto, basándose en las cuotas históricas, cuando según el estudio habría que atender a cuatro criterios: creación de empleos, uso de combustible, beneficios y esfuerzo.

Greenpeace también ha llamado la atención sobre la poca voluntad de terminar con la sobrepesca. Pone ejemplos de lo acordado en diciembre. Pese a que la Comisión propuso recortar la cuota de la merluza del norte un 4,1%, los ministros decidieron aumentarla un 11%. La subida en la cuota de anchoa del Cantábrico fue del 46% en un año, con un TAC de 25.000 toneladas, por encima de las recomendaciones científicas (23.000), recuerda esta ONG.

Dejar que las poblaciones de peces se restablezcan equivale a pescar menos, lo que en el sector se podría entender como una amenaza. “Se trata de reducir la presión pesquera durante unos años para tener mucho más para siempre. Es una inversión”, asegura Esteban. Y redistribuir cuotas también es una cuestión muy sensible, puesto que en la práctica significa quitar permisos a unos barcos para dárselos a otros. "En un escenario realista desde el punto de vista político, de pequeñas redistribuciones de entre un 5 y un 10% de la cuota, ya se notarían los beneficios económicos", apunta.

El modelo bioeconómico de las flotas europeas (BEMEF, en sus siglas en inglés) es el primero que estima los efectos económicos derivados de la redistribución de las cuotas pesqueras. Y muestra que restablecer las poblaciones hasta su nivel de rendimiento máximo sostenible (RMS) generaría dos millones de toneladas adicionales de pescado cada año, "suficiente para satisfacer la demanda anual de pescado de 89,2 millones de ciudadanos en la UE", señala el estudio.

Este análisis es poco representativo del impacto que tendrían en España estas medidas, explica Esteban, porque los investigadores se han centrado en analizar los estocs del norte del Atlántico y del Báltico, y no tanto el Mediterráneo. "Solo cubre un 12% de las capturas de España. Aun así, si los estocs se dejaran crecer, España podría crear 2.500 puestos de trabajo y la flota española pescaría un millón de toneladas cada año", añade.