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Cada ganadero que no pastorea a sus animales deja de realizar una labor de carácter medioambiental de difícil sustitución. La ganadería extensiva reduce el riesgo de incendios forestales, tanto por la vigilancia permanente del pastor como por la limpieza del monte a través del pastoreo, eliminando material combustible, particularmente en zonas de difícil acceso.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, alerta de la amenaza para el patrimonio natural andaluz que supone la continua reducción del censo de ganado y del número de productores activos que experimenta nuestra comunidad autónoma en los últimos años.

Desde 2006 la cabaña de ovino ha descendido en 720.000 hembras para vida, un 29 por ciento del total, y la de caprino en 200.000, un 21 por ciento de los efectivos existentes hace seis años.

Paralelamente, el número de ganaderos solicitantes de la prima de ovino y caprino existente hasta 2010, y que permite estimar el número de productores activos, se ha reducido en más de un 30 por ciento en el último decenio. En el caso del vacuno de carne extensivo, los datos no son tan alarmantes, aunque sí preocupantes. El número de cabezas ha disminuido en alrededor de 50.000 ejemplares desde 2006, el 17 por ciento del total, y el de solicitantes de prima de vaca nodriza, en un 8,5 por ciento en el último decenio.

Las causas de este fenómeno son complejas, pero podríamos destacar la falta de rentabilidad, la dureza de la profesión, el escaso relevo generacional y la falta de apoyo institucional a las explotaciones familiares andaluzas.

En Andalucía existen 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que representa el 55 por ciento de su territorio. De ellas, el 25 por ciento son de titularidad pública y el resto de propiedad privada.

Los incendios producidos esta última semana en la Comunidad Valenciana ponen en evidencia la importancia de la prevención y de la correcta gestión del territorio, aspectos en los cuales los ganaderos tienen una participación determinante. Cada ganadero que no pastorea a sus animales deja de realizar una labor de carácter medioambiental de difícil sustitución.

La ganadería extensiva reduce el riesgo de incendios forestales, tanto por la vigilancia permanente del pastor como por la limpieza del monte a través del pastoreo, eliminando material combustible, particularmente en zonas de difícil acceso. Además, la actividad ganadera contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y a la reducción del riesgo de erosión y desertización de amplias zonas de nuestro territorio.

Esta importante labor medioambiental se une a la contribución económica y social, a través de la fijación de la población al territorio en las comarcas rurales.

En este contexto, esta organización denuncia la situación de asfixia que sufren los productores andaluces que aún continúan ligados a la actividad, impotentes ante el incumplimiento de la Junta de Andalucía, que no les abona los pagos pendientes en múltiples conceptos. Por citar algún ejemplo, la Junta debe alrededor de 21 millones de euros a los ganaderos extensivos por compromisos agroambientales.

Esa cantidad les permite compensar el lucro cesante que se produce como resultado de una serie de actuaciones que beneficia a toda la sociedad. La deuda se reparte entre los 18 millones correspondientes al capítulo de ganadería ecológica y los más de 2 millones relacionados con razas autóctonas en peligro de extinción. A ello debemos sumar retrasos en indemnizaciones compensatorias y en materia de ayudas para el fomento de sistemas de producción de razas autóctonas en régimen extensivo, entre otras.

Particularmente sangrante es el caso de las ayudas para los ganaderos que participan en la prevención de incendios forestales a través de la RAPCA (Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía). Se trata de 200 profesionales que realizan una labor inestimable de limpieza de nuestros montes y a los que se les adeudan 300.000 euros.

Por último, esta organización agraria alerta de que la reforma de la PAC que actualmente se debate puede suponer una oportunidad perdida para avanzar en la correcta gestión del territorio y en garantizar la continuidad de nuestros pastores en el monte.

Una reforma de la PAC pseudoambientalista que puede perjudicar gravemente los intereses de los ganaderos andaluces que no encajan en el modelo propuesto y que pone en peligro el modelo social de ganadería vigente hasta la fecha, favoreciendo el trasvase de rentas desde estos profesionales agrarios hacia grandes extensiones de tierra improductiva e inactiva.

COAG defiende la necesidad de una PAC para el agricultor activo, aquel que legitima los pagos de la PAC, que realiza una labor para toda la sociedad, dentro de la cual se encuentra la producción de alimentos, la fijación de la población al territorio y la protección de nuestro medio natural.