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La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha supuesto asegurar unos ingresos de 35.700 millones de euros al sector agrario como pagos directos hasta el año 2020. A ellos se suman otros más de 8.000 millones destinados al desarrollo rural. Aunque la reforma de la PAC sigue sin tratar a todos por igual, con los consiguientes agravios comparativos entre agricultores y ganaderos que se dedican a actividades iguales o parecidas, la realidad es que los fondos comunitarios para pagos directos representarán en el futuro entre un 25% y un 28% de las rentas agrarias.

Resuelto ese interrogante, y con la tranquilidad de tener ya asegurados unos ingresos que, en muchos casos, cubren costes de producción, el sector se enfrenta hoy al reto de diseñar un nuevo modelo que garantice su viabilidad a largo plazo.

“Con ese más de 25% de renta asegurada,el sector agrario tienen ahora la obligación de ser más protagonistas de su futuro, con el soporte de las medidas que ya ha puesto y seguirá desarrollando la Administración española. La propia reforma de la PAC, a través de la Organización Común de Mercado Única, ofrece la posibilidad de acometer un proceso de cambio para lograr un sector más competitivo, con los mercados como protagonistas”, señala la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina y una de las personas mejor conocedoras del sector tras haber desempeñado este puesto en la anterior legislatura de los populares y en la actual, siempre como segunda de Arias Cañete.

Un primer paso en la ejecución de esa nueva política agraria arrancaría del desarrollo de estructuras de producción de mayor dimensión. En las últimas dos décadas, a iniciativa de los propios agricultores y ganaderos o forzados por las circunstancias de los mercados, ya se ha realizado un profundo ajuste en la dimensión de las estructuras de las explotaciones ganaderas, donde destacan sectores como el vacuno de leche, que ha pasado de 140.000 a 20.000 granjas y de 1,2 millones de animales a 850.000, pero aumentando su producción. El porcino bajó de unas 200.000 a menos de 60.000 explotaciones, y del vacuno de carne solo han quedado 20.000. En las explotaciones agrícolas se ha producido un profundo proceso de concentración de tierras, especialmente en los secanos.

Para Isabel García Tejerina, aunque la dimensión es muy importante, no se puede dejar a un lado el desarrollo de otras explotaciones más reducidas desde la eficiencia y con una oferta de productos de calidad. Pero, en su opinión, el problema y, en consecuencia, el reto más importante el sector, además de las estructuras de producción, son disponer de una mejor organización, tanto para adquirir medios de producción como para la comercialización de las producciones, logrando un mayor valor añadido para ellas.

En ese escenario hay dos nuevas leyes que pueden y deben ser claves para la defensa de la rentabilidad agraria después de la reforma, en opinión de la secretaria general. Una ha sido la Ley de la Cadena Alimentaria, puesta en marcha este año con el objetivo de clarificar el recorrido de un producto desde que sale de origen hasta su llegada a los lineales de alimentación, y donde cada vez era menos la importancia del precio cobrado en origen sobre el precio final pagado por los consumidores. El reto es lograr más transparencia en la distribución en su estrategia de tirar los precios de algunos productos para mantener barata la cesta de la compra.

Otra disposición importante tras la reforma ha sido la Ley de Integración Cooperativa para constituir entidades prioritarias. Sobre el papel existen cerca de 4.000 cooperativas con una facturación de unos 19.000 millones de euros. Sin embargo, ese volumen de ventas, no se corresponde con el poder negociador real de la mayor parte de las mismas frente a la distribución o grandes industrias. De cara a los mercados, la reforma abre también nuevas posibilidades para el desarrollo de las organizaciones de productores y de las interprofesionales.

García Tejerina entiende que el sector agrario ha hecho grandes logros en todo lo que afecta a la eficiencia productiva, pero que es indispensable avanzar en esa dirección, ya que ahí radica una parte muy importante de su posición de competitividad y, en definitiva, de hacer crecer su rentabilidad. En ese objetivo, para la secretaria general es muy importante avanzar en la transferencia del conocimiento, llevar la formación y la información a pie de campo. Con una buena información, a tiempo y a pie de las explotaciones agrarias, entiende que agricultores y ganaderos podrían hacer más correcta la elección del desarrollo de su actividad de cara a producir más, con mayor calidad y, además, ahorro de gastos.

En esa estrategia, reforzada con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, se hallaría el revivir de estructuras similares a las viejas Agencias de Extensión Agraria, a pie de campo, donde, junto a técnicos de las Administraciones, podrían estar empresas proveedoras de medios de producción y las propias organizaciones agrarias para apoyar al agricultor o ganadero en cada zona a la hora de hacer su elección: adquirir la semilla más adecuada a las condiciones del terreno, al momento de la siembra y las demandas de los mercados; comprar el abono justo para las necesidades de cada tierra y cultivo, con análisis de suelos, no abonar “como siempre”; tener la maquinaria justa, aplicar correctamente los productos fitosanitarios y zoosanitarios, de cara a ahorrar unos gastos que ya son entre el 40% y el 50% del valor de la producción final.

“La política agraria después de la reforma se quedaría coja si además no se aborda el relevo generacional y una política para sostener un medio rural atractivo para vivir”, sostiene García Tejerina.

Innovación, información y calidad

La innovación como instrumento para desarrollar una política de calidad a fin de consolidar y abrir nuevos mercados para los productos agrarios y alimentarios y la mejora en la eficiencia desde la producción a los procesos de comercialización y distribución constituyen dos herramientas sobre las que está trabajando el Ministerio de Agricultura para lograr un sector agrario más competitivo.

Como punto de partida, desde la secretaría general, uno de los primeros objetivos ha sido el desarrollo de una política de información sobre las actividades que se están llevando a cabo actualmente en España en estas materias, desde las iniciativas de agricultores, de empresas, centros tecnológicos privados, universidades y centros de investigación públicos autonómicos y el propio INIA. En esta búsqueda se han detectado trabajos de más de 800 departamentos cuyas actividades se pretende sean conocidas para lograr una mayor coordinación y que no haya duplicidad de estudios sobre una misma cuestión.

De las investigaciones llevadas a cabo por Agricultura en los últimos meses, se han clasificado un total de 1.750 necesidades de innovación e investigación que se han agrupado en 70 líneas con ocho medidas estratégicas.

Para la aplicación de estas políticas, la Unión Europea ha puesto en marcha el programa Asociación Europea de Innovación (EIP), la apuesta por la innovación que cuenta con más de 14.000 millones de euros hasta 2020, de los que 3.851 corresponden a temas puramente agrarios, 3.081 a materias primas y medio ambiente, 516 millones a biotecnología y otros 7.000 millones para diferentes temas como salud, empleo, demografía y medio rural.