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Marta García

16/06/15

La UE cierra un pacto sobre la nueva regulación de agricultura ecológica

La normativa es de vital importancia para España, uno de los mayores productores y exportadores de ese tipo de productos en la Unión.

“Hemos logrado dar con una buena reglamentación. Al principio no era del gusto de los productores, pero lo acordado ahora dará al sector bio un futuro”, explicó en rueda de prensa el ministro de Agricultura de Luxemburgo, Fernand Etgen, cuyo país asumirá la presidencia rotatoria de la UE a partir del próximo 1 de julio.

Las delegaciones lograron cerrar los dos puntos que seguían abiertos: la manera de actuar ante la presencia de sustancias no autorizadas en un producto ecológico y los controles periódicos a realizar en las explotaciones.

Fitosanitarios

Sobre los residuos de fitosanitarios, finalmente se rechazó la idea propuesta por la Comisión Europea de fijar umbrales o límites máximos, para desclasificar de los orgánicos a los productos por encima de esos márgenes.

El texto aprobado acepta la eventual presencia de esas sustancias en los productos ecológicos cuando sea fruto de una contaminación involuntaria, algo que debe determinarse tras una investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, las contaminaciones evitables impedirán que esos productos sean etiquetados como orgánicos.

El texto contempla, no obstante, la posibilidad de que los Estados miembros que cuenten ahora con umbrales puedan mantenerlos hasta diciembre de 2020, siempre que con ello no se prohíba, limite o impida la puesta en el mercado como orgánicos de productos de otros países.

Controles

Sobre los controles, se prevé que tengan lugar cada año sobre el terreno, pero que se puedan espaciar hasta los tres años en el caso de aquellas explotaciones para las que las evaluaciones de riesgo concluyan que no es necesaria una mayor frecuencia.

Para su aprobación definitiva, el reglamento necesita también el visto bueno del Parlamento Europeo, que todavía no se ha pronunciado, por el alto número de enmiendas (más de 350) introducidas al informe, que obligarán a retrasar su votación a septiembre, según el ministro de Luxemburgo.