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El censo de votantes y el tipo de consulta abre dudas en una parte de las organizaciones agrarias (OPAs), que se enfrentarán a unos comicios electorales estatales para medir su representatividad con la amenaza de dos de ellas (UPA y COAG) de recurrir el proyecto del ley ante los tribunales.

Asaja, COAG, UPA y La Unión de Uniones han comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para valorar el proyecto de ley por el que se regula el procedimiento para determinar esa representatividad y se crea el Consejo Agrario como interlocutor del Estado. Ayer comenzó el debate parlamentario de este proyecto, que es bien acogido por Asaja nacional y La Unión de Uniones.

El secretario general de Asaja, Juan Sánchez Brunete, ha asegurado que "es mejorable la representatividad" actual y defendido "todos los ajustes posibles, más aún cuando jugamos con temas económicos". Pese a las diferencias, cree que "hay espacio para el consenso" y mejorar algunos aspectos, como aumentar el número de mesas electorales, y pide un adecuado tratamiento a las comunidades de bienes, sociedades agrarias de transformación y otras entidades en el proceso y una buena regulación del voto por correo. A nivel regional, hasta ahora sólo 11 comunidades han celebrado alguna vez elecciones y los comicios más próximos en el calendario serán los de Madrid, el 15 de mayo, ha señalado.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha indicado que no están en contra de un proceso electoral si tiene garantías democráticas. Para Blanco, no hay consenso para impulsar este proyecto de ley, tras criticar que este asunto no se debata en el Pleno del Congreso, no se someta al dictamen del Consejo Económico y Social, ni se realice bajo los criterios de la ley general electoral.

Entre las objeciones, Blanco ha citado que "se reviste" de consulta algo que en realidad debería ser un proceso electoral, por las consecuencias que tiene en aspectos como la asignación del patrimonio de las organizaciones agrarias y sus subvenciones. Calcula en 320.000-330.000 los electores que son profesionales y, en su opinión, deberían, votar, pero ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere ampliar el censo a todos los que cobren más de 3.000 euros de la Política Agraria Común, lo que elevaría la cifra hasta 500.000 o 600.000. "Vamos a ir al Supremo, junto a otras organizaciones agrarias. No nos vamos a conformar", ha avanzado Blanco.

"El proyecto de ley no goza del respaldo de UPA", ha planteado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, para quien los motivos con los que se justifica están "manipulados" o son "falsos". Ramos ha cuestionado la "improcedencia" de este proyecto de ley, porque ya existe una regulación (ley 10/2009) sobre la materia, que contó a su juicio con el respaldo parlamentario y del sector.

"Rechazamos contundentemente" que se lleve a efectos una "consulta" y no un proceso electoral, tal y como se ha hecho en procesos autonómicos, por lo que no habrá garantías, ha resaltado, además de señalar que irán a los tribunales contra una consulta que califica de "ilegal" y abogar por una mesa por municipio o más de uno si fuese necesario -donde haya al menos 25 agricultores.

"Coincidimos con el análisis que hace del Gobierno sobre la conveniencia y oportunidad" de clarificar la representatividad a nivel estatal, ha defendido, por su parte, el coordinador estatal de la Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, en su intervención. De las Heras ha abogado por una ley "clarificadora", que sean los agricultores los que voten y por un sistema "más democrático".

Ha pedido algunas mejoras de procedimiento y, sobre porcentajes para estar en el Consejo Agrario, que la ley no sea excluyente "Queremos estar representados" en el Consejo Agrario, ha subrayado, tras considerar que deben votar los profesionales que estén dados de alta en la Seguridad Social agraria, los que obtienen más del 25 % de sus rentas del campo o cobran más de 5.000 euros de ayudas de la Política Agraria Común.

Por parte del Grupo Popular, Bibiano Serrano remarcó que es posible alcanzar el consenso y reiteró su disposición a hacer el mejor proyecto de ley de representatividad, porque "consideramos que es necesario tras el tiempo transcurrido y dado que no se celebran comicios autonómicos" en todo el territorio.

Alejandro Alonso (PSOE) se interesó sobre los motivos que han llevado al Gobierno a impulsar el "polémico" proyecto de ley -derogando la anterior ley de 2009- y sobre si el Gobierno intenta beneficiar a alguien con la elaboración del nuevo censo.

Desde CiU, Marc Solsona inquirió cómo casaría el proceso electoral nacional con otros autonómicos, mientras que José Luis Centella (Izquierda Plural) preguntó si el proceso tenía suficientes garantías.

Según el proyecto de ley, serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 % de los votos válidos emitidos en la futura consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5 % en seis comunidades autónomas.