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En un momento en el que las granjas avícolas siguen adaptándose al documento comunitario Bref de mejoras técnicas para la reducción de emisiones, -elaborado a partir de la Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrado de la Contaminación-, Fernández resalta que el sector tiene los deberes "avanzados" en este asunto.

Incluso es "puntero en sostenibilidad", gracias precisamente a que la modernización acometida en la "mayor parte" de las granjas españolas -determinada por la norma europea de bienestar animal- ha llevado consigo mejoras en el terreno del impacto medioambiental.

"Desde hace años", el sector ha sido consciente de la importancia de controlar las emisiones, "porque implica una mayor eficiencia en la producción", añade.

Según recuerda, la mayor parte de las granjas españolas tienen un parque superior a los 40.000 animales, y por ello están obligadas a tener una autorización ambiental integrada; es decir, a pasar un "examen de adecuación ambiental" para continuar su actividad.

Dar a conocer a la sociedad los esfuerzos de sanidad y bienestar de las granjas

Inprovo quiere que todas estas adaptaciones normativas a pie de granja -en lo referente a sanidad y bienestar animal, medio ambiente o seguridad alimentaria- sean conocidas y valoradas por la sociedad y el consumidor final, y por eso han solicitado fondos comunitarios para desarrollar una campaña informativa de dos años de duración.

La interprofesional espera que la Comisión Europea confirme este mismo mes la aprobación de los fondos para que la campaña pueda empezar en junio o julio de 2014, y se prolongue hasta 2016.

"Es necesario" explicar las "grandes mejoras" que ha acometido el sector, "porque la sociedad así lo ha exigido", y "esta realidad debe ser evidente en el momento de la compra".

En su opinión, "la falta de información" sobre el Modelo Europeo de Producción "deja indefenso" al sector ante las "percepciones erróneas de muchos consumidores, que piensan que los huevos europeos y los importados son iguales".

Un estudio de la Universidad de Wageningen (Holanda), al que remite Fernández, calculó en 2010 que el 8,8% de los costes de producción estaban directamente relacionados con ámbitos normativos europeos y, de ellos, cerca del 33% sirvió para sufragar el coste de adaptación de las jaulas a la normativa de bienestar animal.

Este mismo estudio refleja que, dos años más tarde, los gastos derivados de temas regulatorios casi se duplicaron, hasta suponer el 15 % del total, y la mayoría de ellos (66 %) se vinculaban con la norma de bienestar de las gallinas ponedoras.

Estos sobrecostes han coincidido con un encarecimiento de las materias primas, un descenso de los precios en origen y un menor consumo en España y el resto de la UE; "el resultado es que no han sido buenos años para el sector", detalla.

Inprovo, que cumple 15 años de trabajo, es según Fernández una organización que sirvió como "punto de inflexión" para integrar a las asociaciones de los diferentes operadores de la cadena y trabajar "en problemas comunes", como cambiar la imagen que asociaba huevo y colesterol, y remontar la tendencia decreciente del consumo.