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Las causas que han conducido a la despoblación del mundo rural han sido muchas y variadas a lo largo de la Historia, como falta de recursos de la zona para sostener tanto a individuos de una misma especie o la aparición de nuevas enfermedades que alcanzaron la categoría de epidemia o pandemia. En el caso de las despoblaciones humanas, otras razones han sido la aparición de conflictos armados, religiosos o persecuciones que hicieron la vida más difícil y peligrosa en el mundo rural, así como el surgimiento de nuevos recursos en otras zonas que las han hecho más atractivas para la población.

La despoblación ha estado íntimamente relacionada con el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado y, en el caso del entorno rural, dado que la base fundamental de su actividad económica sigue estando ligada a las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas y forestales, esta dependencia casi exclusiva del sector primario fue la causa inicial de la reducción rápida de efectivos en el mundo rural y, en consecuencia, de su despoblación.

Actualmente, el abandono del campo supone un verdadero quebradero de cabeza para el mundo rural, que demanda la adopción de medidas políticas que resulten atractivas para los jóvenes de manera que apuesten por el rural como medio de vida y que no tengan miras cortoplacistas, sino a medio-largo plazo para garantizar su competitividad.

Este tema fue abordado en el I Congreso de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas), organizado en colaboración de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), en el que también se subrayó el hecho de que las montañas, «además de aportar productos singulares, prestan servicios al resto de la sociedad que no están claramente reconocidos y, en consecuencia, no están retribuidos», recoge el documento de conclusiones de la jornada.

El diseño de políticas de montaña precisa definir las bases y fundamentos esenciales y establecer un itinerario renovado que marque los pasos que deben seguirse, entre los que cabe destacar lograr que las instituciones públicas retomen el interés por las políticas territoriales de montaña y por reactivar el papel, y el protagonismo, de las comunidades de montaña en el desarrollo local de sus territorios.

«En España, existen 3104 municipios incluidos en la denominación de zona de montaña, que suponen el 38 % del total de municipios, en los que viven 7,8 millones de personas, lo que supone el 20 % de la población del país. La casuística y las realidades socioeconómicas de los municipios de montaña es muy variada y van desde municipios prácticamente abandonados y remotos a municipios que por su proximidad a zonas urbanas prósperas o con equipamientos y servicios de interés turístico, gozan de niveles de renta y desarrollo óptimos. Las políticas de montaña no pueden por ello ser homogéneas y requieren un diseño que atienda a diversas variables que afectan a la peculiaridad de sus sistemas productivos locales», incide el documento que resume las conclusiones del congreso.

Apoyo a la asociación de municipios de montañas

Durante el evento asturiano, quedó patente por parte de todos los ponentes el apoyo unánime a la nueva entidad comarcal de municipios de montaña a la que, de momento, ya se han sumado más de 150 municipios de toda España.

En palabras de quien fue consejero de Agricultura del Principado de Asturias, Jesús Arango, y del letrado del Estado en excedencia y asesor jurídico de la nueva entidad, Javier Gonzalo, ante la ausencia de políticas específicas y «la falta de sensibilidad» que en muchos casos se detecta en las administraciones públicas hacia estos territorios, este nuevo ente comarcal se ha de convertir y consolidar como un verdadero interlocutor de los más de 3000 municipios de montaña que existen en el país. Por ello, cabe proponer que el primer paso que se dé no sea únicamente el de dar cumplimiento a la Constitución Española, sino además, ofrecer visibilidad a estos territorios, azotados en la mayoría de los casos por un grave problema de envejecimiento y despoblación».

Y es que «la preocupación por dispensar un trato especial y específico a las montañas figura expresamente en la Constitución Española, por eso los municipios de montaña no piden otra cosa que se cumpla la Constitución y que se reactiven, de forma coordinada y en colaboración, las políticas estatales y autonómicas de montaña», recoge la información difundida desde Reader.

Por su parte, la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos de Asturias, María Jesús Álvarez, defendió la necesidad de aunar tradición, desarrollo e innovación para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural. Según dijo, la combinación de esos tres factores «podrá ofrecer mejores forma de vida que permitan una realización personal y laboral de todos aquellos que quieren vivir en un territorio natural».

Asimismo, destacó la dificultad que existe en los territorios de montaña «para trabajar y competir en cualquier segmento profesional pero, especialmente, en el sector primario». En ese sentido, la consejera ha recordado la exigencia que desde el Gobierno de Asturias se ha hecho al Ministerio de Agricultura para que, en la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), «exista un reconocimiento económico en los pagos directos para las zonas de montaña y que en los pagos acoplados haya una diferenciación económica para cada una de las vacas que produce en este tipo de terreno». En este sentido, alegó que la «rentabilidad de estas explotaciones no es la misma que en otras zonas más sencillas de trabajar».

Adicionalmente, hizo un llamamiento para trabajar «sin tapujos y con decisión» contra el envejecimiento en el medio rural. Por ello, apostó por establecer un frente común entre todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y Unión Europea) para «formular propuestas que permitan el desarrollo de estos territorios de montaña».