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Se trata de diez máximas que abarcan todo tipo de inversiones en la agricultura, los servicios alimentarios, la producción y la elaboración, tanto de ámbito público como privado, que aspiran a convertirse en el marco de referencia de las partes interesadas para que puedan formular políticas y programas nacionales, marcos reglamentarios, programas de responsabilidad social empresarial y acuerdos o contratos individuales.

Esta decena de principios son:

1.º Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición, particularmente de la población más vulnerable, en el ámbito de los hogares, local, nacional, regional o mundial, y a la erradicación de la pobreza mediante el aumento de la producción sostenible de alimentos inocuos, nutritivos, diversos y culturalmente aceptables como la productividad de estos, y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, entre otros.

2.º Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza a través del respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; la creación de nuevos puestos de trabajo y el fomento del empleo digno mediante condiciones laborales mejoradas, seguridad y salud ocupacionales, salarios que permitan vivir adecuadamente, entre otros.

3.º Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres al garantizar que se trata justamente a todas las personas y se reconocen sus respectivas situaciones, necesidades y limitaciones, así como la función crucial que desempeñan las mujeres. Asimismo, este principio se cumplirá si se eliminan todas las medidas y prácticas que discriminan o violan derechos por razón de sexo y se promueve la igualdad de las mujeres con respecto a los derechos de tenencia de la tierra y el acceso igualitario de estas a la tierra productiva, los recursos naturales, los insumos y los instrumentos productivos, así como el control de los mismos.

4.º Potenciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes mediante la promoción del acceso de estos a la tierra productiva, los recursos naturales, los insumos, los instrumentos productivos, los servicios de extensión, asesoramiento y financieros, la formación, la capacitación, los mercados y la información, así como su inclusión en la toma de decisiones, entre otros.

5.º Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua. La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios respeta los derechos legítimos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como los usos existentes y potenciales del agua.

6.º Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes. Para ello, deberán evitarse, reduciendo al mínimo y remediando, según corresponda, los efectos negativos en el aire, la tierra, el suelo, el agua, los bosques y la biodiversidad. Además, este principio será posible si se respalda y conserva la biodiversidad y los recursos genéticos, se reduce el desperdicio y las pérdidas en la producción y las operaciones posteriores a la cosecha, y se potencia la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios, los hábitats de apoyo y los medios de vida conexos.

7.º Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación a través del respeto a los lugares y sistemas del patrimonio cultural; del reconocimiento de las contribuciones de los agricultores, especialmente los pequeños productores, en todas las regiones del mundo; de la promoción de la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización, incluida la comercialización, de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura; y del fomento de la aplicación y el uso de tecnologías y prácticas adaptadas localmente e innovadoras, entre otros.

8.º Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludable al fomentar la inocuidad, la calidad y el valor nutritivo de los productos alimentarios y agrícolas; el respaldo a la sanidad y el bienestar de los animales y la sanidad de las plantas para aumentar de forma sostenible la productividad y la calidad e inocuidad de los productos; la mejora de la gestión de los insumos y los productos agrícolas para aumentar la eficiencia de la producción y reducir al mínimo las posibles amenazas para el medio ambiente y la salud de las plantas, los animales y las personas, entre otros.

9.º Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación inclusivos y transparentes mediante el respeto del Estado de derecho y la aplicación de la legislación, sin corrupción; compartiendo información pertinente para la inversión, en consonancia con la legislación aplicable y de forma inclusiva, equitativa, accesible y transparente en todas las fases del ciclo de inversión; y colaborando con quienes pudieran verse afectados directamente por las decisiones relativas a la inversión y solicitando su apoyo antes de la adopción de estas, así como respondiendo a sus contribuciones teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes a fin de lograr una participación activa, libre, eficaz, significativa e informada de los individuos y grupos en los procesos de adopción de decisiones conexos, entre otros.

10.º Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas. La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios incluye mecanismos para evaluar y abordar las repercusiones económicas, sociales, ambientales y culturales, tomando en consideración a los pequeños productores, las cuestiones de género y la edad, entre otros factores; asimismo, respeta los derechos humanos y promueve la rendición de cuentas de todos los actores ante las partes interesadas pertinentes, especialmente las más vulnerables.

Estos diez principios, a pesar de tener carácter voluntario y no vinculante, son fruto del primer consenso alcanzado por gobiernos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo, fundaciones, instituciones de investigación y el mundo académico sobre lo que se entiende por una inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios que contribuya a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estiman que será necesaria una inversión neta promedio de 83 000 millones de dólares anuales para aumentar la producción agrícola en un 60 % y alimentar a la población mundial de más de 9000 millones de habitantes previstos para 2050.