23/05/12
Se rebaja al 5% el porcentaje mínimo obligatorio de los fondos destinados a LEADER
Con esta medida se flexibilizan las condiciones iniciales, optimizando los recursos disponibles. También se minimiza el riesgo de pérdida de fondos comunitarios FEADER, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos de la última declaración de gastos, la ejecución de las medidas del enfoque LEADER se encuentra en un nivel bajo.
Al margen de la reducción acordada, aquellas comunidades autónomas en las que la metodología LEADER tenga mejores niveles de ejecución, podrán mantener, si así lo estiman conveniente, porcentajes superiores al 5%.
El Comité, en el que participan representantes de la Comisión Europa, el Ministerio, las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias, los grupos ecologistas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las redes de desarrollo rural, también ha aprobado una propuesta de modificación de algunos aspectos del Marco Nacional para incluir los cambios legales introducidos en la Ley de Titularidad Compartida, aprobada en octubre de 2011.
El Marco Nacional de Desarrollo Rural es un programa opcional establecido por la Comisión Europea, para que los Estados miembros incluyan medidas de interés nacional, contempladas en sus programas de desarrollo rural.
En el caso de España, se seleccionaron, dentro de las medidas que ofrecía el menú del reglamento FEADER, aquellas que precisaban un nivel de coordinación nacional como la instalación de jóvenes agricultores, la utilización e implantación de servicios de asesoramiento, el aumento del valor añadido de productos agrícolas, la gestión de recursos hídricos, inversiones en otras infraestructuras rurales, las ayudas agroambientales, la prevención de incendios naturales y la Red natura 2000 en el medio forestal.
Para la ejecución del Marco se dispone de una dotación de gasto público total para todo el periodo de 7.650 millones de euros, de los que 4.230 millones proceden del FEADER, 1.621 millones de euros de la Administración General del Estado y 1.798 millones de euros de las comunidades autónomas.