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El veinte por ciento de los ingresos profesionales deben proceder de las producciones obtenidas en su explotación agraria y los titulares de pastos tendrán que acreditar una cabeza de ganado por cada cinco hectáreas. Son los requisitos de agricultor o ganadero activo impuestos para ser perceptores de las ayudas de la Política Agraria Común. Unas condiciones que establecen una criba para «adecuar» las prestaciones a la «verdadera actividad» y que en Castilla y León estarán vigiladas por un nuevo registro de explotaciones a través del cual se podrá «comprobar» que los solicitantes del citado respaldo económico «cumplen» con los términos fijados.

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al decreto que regula este nuevo registro único, público y gratuito de explotaciones, que unifica los 35 existentes hasta la fecha, y en los que figuran 117.000 titulares. Desde el mes de diciembre se ha puesto en marcha la maquinaria para tener en orden el nuevo sistema, reclamando a los profesionales del campo que verifiquen sus datos y poder asignarles un código identificativo. Tan pronto esté a punto el mecanismo, éste se convertirá en un «instrumento» de filtro de los pagos directos de la PAC a partir de 2015. Y es que para acceder a las ayudas será «necesario» estar inscrito en esta base de datos -así lo obliga la normativa comunitaria-, en la que se verificará el cumplimiento de los criterios de agricultor activo que se han establecido tras la última reforma, y que desde la Junta se habían reclamado insistentemente, tal y como explicó ayer la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.

Con la incorporación de las nuevas exigencias se prevé que se caigan de la lista de nóminas el tres por ciento de las solicitudes vinculadas a la actividad agraria en Castilla y León, en torno a 3.000, que se sumarían a las bajas registradas ya en 2014, cuando hubo 5.000 menos (se redujeron un 5%). Y en cuanto a los ganaderos, al desaparecer del sistema aquellos con derechos de pastos pero sin ganado, se prevé que quedarán excluidos de las ayudas de la PAC en torno a 1.900 titulares, que en 2014 percibieron en la Comunidad cerca de 6,2 millones de euros.

Además, el nuevo registro permitirá «adecuar» las ayudas del Gobierno autonómico a la «dimensión óptima de las explotaciones», expuso Clemente. Así, explicó que la Ley Agraria, en la que se enmarca este decreto, establece una vía de actuación cuya «finalidad» es la de «optimizar la estructura de las explotaciones y fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades, al objeto de incrementar su eficiencia y conseguir la máxima rentabilidad». La nueva base de datos permitirá establecer los parámetros y criterios a partir de los cuales orientar «adecuadamente» las líneas de apoyo, concluyó.