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El Parlamento Europeo, gracias al respaldo mayoritario de socialdemócratas y populares, ha aprobado este martes la reforma de la directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos, unos cambios que llevaban bloqueados desde hace cuatro años. En este polémico asunto, en el que los Estados están enfrentados en bloques, la Unión Europea se ha decantado por no fijar una posición única y ofrece la posibilidad a los distintos Gobiernos de prohibir los cultivos que otros Gobiernos sí pueden admitir. Hasta ahora, las escasas autorizaciones para semillas modificadas genéticamente eran para todos los países de la Unión Europea, según ha resaltado Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura español.

España, el principal productor de maíz transgénico de la UE, se ubica claramente en el bloque de Estados favorables a este tipo de cultivos. "No estamos satisfechos con los cambios", sostiene Miranda. "Esperábamos que hubiera supuesto una agilización, pero es solo un paso", ha añadido.

Los cambios no parecen haber contentado a nadie. Para Monsanto, la única empresa que opera ahora en Europa con su maíz transgénico, que los Estados puedan prohibir las autorizaciones para nuevos cultivos modificados "socava el mercado único". "Es un precedente peligroso", ha sostenido Carlos Vicente Alberto, responsable de Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto.

Justo en la postura opuesta está Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, para quien los cambios aprobados este martes —que entrarán en vigor en primavera— implican "agilizar la tramitación de nuevos transgénicos", algo de lo que se beneficiarán las empresas. "Puede suponer una entrada masiva de transgénicos en España", ha alertado Kucharz.

Miranda, del Ministerio de Agricultura, no ha ocultado que el objetivo que ha perseguido España en las negociaciones ha sido que se desbloqueara la aprobación de los permisos para los nuevos cultivos que ya cuentan con el aval de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Cinco de esas autorizaciones llevan años a la espera de una decisión de la Comisión Europea, ha apuntado Carlos Vicente, de Monsanto. Pero la división de opiniones entre los países hace que no exista una mayoría suficiente para aprobar o rechazar esos nuevos permisos que están en cola.

Los cambios introducidos ahora en la directiva sobre cultivos permitirán que cualquier Estado pueda vetar un transgénico en su territorio. "Y autoexcluirse del proceso de autorización", añade Miranda. "El problema es que no se ha establecido que los países que se autoexcluyan queden fuera de las votaciones sobre nuevos permisos", ha resaltado este cargo de Agricultura. Es decir, los Estados que decidan vetar un cultivo modificado en su territorio podrían seguir decidiendo sobre las autorizaciones que afectan a otros países favorables al uso de las semillas transgénicas. "El bloqueo a los permisos se podrá mantener", ha indicado Miranda.

"El debate entre los pro y los antitransgénicos está lejos de concluir", ha apuntado el eurodiputado liberal belga Frédérique Ries, ponente de la legislación durante su tramitación parlamentaria. "Este acuerdo permitirá más flexibilidad para los Estados miembros", ha añadido. Entre los grandes países de la UE las posiciones se dividen entre los favorables a este tipo de cultivos (Reino Unido y España) y aquellos que se oponen a su desarrollo (Alemania y Francia).

Greenpeace, al igual que Ecologistas en Acción, ha interpretado que los cambios introducidos permitirán que algunas comunidades autónomas cumplan su deseo de vetar los transgénicos. "Animamos a las comunidades autónomas a seguir los pasos del País Vasco y solicitar la prohibición de estos cultivos en su territorio", ha sostenido Greenpeace. El Ministerio de Agricultura recuerda que las autorizaciones para cultivos son competencia estatal.

España, a la cabeza de la producción

España, donde se cultiva una variedad de maíz modificada genéticamente desde 2003, está a la cabeza de Europa en este tipo de plantaciones. 2014 se cerró con más de 131.500 hectáreas cultivadas de maíz MON810, propiedad de la multinacional Monsanto. En este momento, este es el único cultivo transgénico que se emplea en toda la Unión Europea, según Carlos Vicente Alberto, director de Sostenibilidad para Europa y Oriente Medio de Monsanto. Esas 131.500 hectáreas de MON810 equivalen al 31,6% de todo el maíz de grano que se cultiva en España.

A gran distancia se sitúa Portugal, con cerca de 8.500 hectáreas cultivadas de esta variedad modificada, lo que supone una cuota de alrededor del 30%, según los datos que maneja este directivo de Monsanto. Luego, con extensiones mucho menores, vendrían otros Estados europeos como República Checa, Rumanía y Eslovaquia, donde también se admite el cultivo del maíz transgénico.

Dentro de España, la distribución es bastante desigual y se centra en el valle del Ebro y algunas zonas de Extremadura y Andalucía. El destino de este maíz —“como el del no modificado”, resalta Vicente— es la producción de piensos, aunque la autorización europea, que data de 1998, incluye también el consumo humano.

El directivo de Monsanto destaca que la principal “ventaja” del maíz que comercializa su compañía es la resistencia a la plaga del taladro. Y la distribución territorial de este cultivo modificado en España se corresponde con las zonas en las que hay más incidencia de este insecto, detalla Vicente.