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Todos los agentes de la cadena alimentaria, desde los criadores y los mataderos hasta los consumidores, coinciden en que el escándalo europeo de la carne de caballo es un fraude de etiquetado y es necesario potenciar los controles para evitar nuevos casos y sancionar a los infractores.

"Se trata claramente de un fraude al consumidor, ya que la ley obliga a que, en la etiqueta, aparezcan absolutamente todos los ingredientes, por orden descendente de importancia", ha precisado el responsable del Departamento de Legislación del centro tecnológico agroalimentario Ainia, José María Ferrer.

El fraude puede acarrear sanciones de hasta 600.000 euros y el cierre de la empresa infractora en casos muy graves que entrañen riesgo para la salud, aunque, según Ferrer, no es el caso del fraude de la carne de caballo.

"La legislación en materia de etiquetado es suficiente; lo que hace falta es más control y menos picaresca", ha señalado.

El presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), Gustavo Samayoa, ha reconocido los avances en materia de etiquetado promovidos por el Gobierno y la Unión Europea, aunque cree "esencial explicar bien a los consumidores lo que contiene cada producto para que tenga capacidad de escoger".

Samayoa ha insistido en la necesidad de aplicar "sanciones fuertes a los que incumplan la norma, aún cuando no haya problemas de seguridad alimentaria".

Aunque la carne de caballo es perfectamente saludable, cualquier caballo no es apto para el consumo humano, ya que la norma impide que los tratados con antibióticos, antiinflamatorios o medicamentos veterinarios puedan llegar al matadero, según el catedrático de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Rodríguez.

Rodríguez ha precisado que es "muy difícil" que entre en un matadero un caballo que no cumpla esta norma, ya que la ley obliga a que cada animal tenga "una especie de carné de identidad", único e intransferible, donde figura todo tratamiento médico al que se ha sometido y que se comprueba antes de su sacrificio.

Desde la Unión de Criadores de Caballos Españoles (UCCE), su director general, Rafael González, ha insistido que se trata de un problema de etiquetado, no sanitario.

González ha reconocido que la crisis económica ha llevado al matadero a muchos caballos -incluidos los de pura raza que "ahora no valen nada", pero que llegaron a cotizar hasta 40.000 euros- con la consiguiente caída de los precios de su carne.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de sacrificios de ganado equino creció el 48,8 % de enero a noviembre de 2012 respecto al año anterior, con un total de 68.664 animales.

El director general de UCCE -que aglutina 800 criadores- reitera que "existen suficientes medidas de control y trazabilidad" para que no haya fraudes, aunque "está claro que no siempre se cumplen.

En este sentido, el responsable del Departamento de Asistencia Tecnológica y Servicios Analíticos de Ainia, Roberto Ortuño, ha subrayado que la trazabilidad es sí misma no es una garantía para evitar fraudes, pero sí funciona como "elemento disuasorio", ya que permite identificar en qué punto de la cadena de valor ha surgido el problema y depurar responsabilidades.

Ortuño ha precisado que algunos de los casos en los que se han detectado "trazas de ADN de caballo" no tienen por qué ser fraude, ya que se trata de menos de un 1 % de resto genético que puede proceder de la contaminación cruzada al "haber picado, por ejemplo, carne equina y vacuna en la misma máquina".

Una reflexión en la que coincide con el gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Javier López, quien ha resaltado que es "fundamental que las empresas realicen sus controles antes de vender el producto y que, cuando llegue al lineal, el consumidor sepa exactamente lo que hay".

López ha lamentado que pueda producirse una caída del consumo de carne que convertirá al sector en "una víctima colateral" del caso.

Aunque en España no hay demasiada tradición de venta de carne de caballo ni carnicerías especializadas, Cataluña ha tenido históricamente mayor consumo que otros territorios por su cercanía a Francia, donde es más popular, según fuentes del sector.

Luis Garnacha, propietario de la única carnicería en venta de carne de potro de Girona, ha reconocido la "absoluta normalidad en las ventas", ya que cuentan con una clientela fija que acuden a su "establecimiento de confianza".

Desde la industria, la Confederación de Organizaciones empresariales del Sector Cárnico de España (Confecarne) apoya las investigaciones puestas en marcha para depurar responsabilidades.

En su opinión, "es inaceptable para la industria cárnica que un operador deshonesto empañe la reputación y esfuerzos de todo un sector para poner a disposición del consumidor productos seguros, de calidad y conformes a la normativa europea y española".

Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ha afirmado que el hallazgo de ADN de carne de caballo en alimentos supuestamente de vacuno es "un caso de fraude en el etiquetado" que no afecta a la seguridad alimentaria, ni implica riesgo para la salud.

El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha reiterado que desde la distribución "todos los controles en materia de seguridad alimentaria se están siguiendo con la mayor diligencia".