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Este modelo deja fuera a gran parte de la agricultura con mayores valores sociales y ambientales, y es incompatible con las funciones y obligaciones ambientales del Ministerio, ya que es incapaz de frenar el abandono en el campo, fomentar el relevo generacional o hacer frente a retos como la protección de los recursos naturales o la biodiversidad en el sector agrario. Además, la nula participación pública en este debate muestra el escaso interés del Ministerio por tener en cuenta las implicaciones territoriales y ambientales de la política de mayor presupuesto de la Unión Europea.

Tras tener acceso al cuestionario donde se plantean indirectamente las propuestas del Ministerio para la aplicación de la PAC en España, SEO/BirdLife y WWF confirman lo que venían avanzando desde hace tiempo: si la PAC aprobada por Bruselas es un paso atrás en aspectos ambientales, se verá empeorada por la flexibilidad dada a los Estados Miembro en la toma de decisiones a nivel nacional. Además, las propuestas resultan incoherentes con las responsabilidades ambientales del Ministerio y las comunidades autónomas, sobre todo en materia de conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales.

El Ministerio propone, entre otros, limitar el trasvase de fondos agrarios entre beneficiarios, sectores y territorios. Se pretende así seguir manteniendo de manera encubierta el modelo actual de ayudas por el que las grandes explotaciones o con mayores impactos en el medio acaparan la mayor parte de los pagos, en contra de la propuesta de Bruselas de una redistribución de los pagos. De este modo, ganaderos extensivos o fincas localizadas en la red Natura 2000 seguirán quedando prácticamente al margen de los fondos públicos, a pesar de su mayor potencial para fijar población y crear empleo en zonas desfavorecidas, o de sus valores ambientales asociados.

Según las organizaciones conservacionistas, esta apuesta va en dirección contraria a las conclusiones del Consejo informal de Medio Ambiente de la Unión Europea, del pasado 16 de julio (apoyadas por el mismo MAGRAMA), que reclaman un mayor uso de los fondos europeos para la red Natura 2000 y la protección de los recursos naturales en general. A su vez, un proyecto del Ministerio y la Fundación Biodiversidad identifica los fondos de la PAC como la fuente más importante de financiación de la red Natura 2000 en España.

Además, el MAGRAMA pretende evitar el traspaso de presupuesto desde las ayudas directas hacia las de desarrollo rural, mientras que no se cierra la puerta a la opción contraria. Todo ello a pesar del recorte de fondos sufrido ya por este segundo pilar de la PAC. WWF y SEO/BirdLife recuerdan que son precisamente las medidas de desarrollo rural las que mayor valor añadido ofrecen en términos de mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias, de creación de empleo o de mejora de la calidad de vida y el comportamiento ambiental en las zonas rurales.

Ante estas propuestas para la PAC, que se discutirán en la Conferencia Sectorial de Agricultura del 24 y 25 de julio, SEO/BirdLife y WWF España proponen una redistribución justa de las ayudas directas, según criterios sociales y ambientales y no sólo de productividad. También reclaman un refuerzo presupuestario de la política de desarrollo rural y la puesta en marcha obligatoria en todo el territorio de medidas para Natura 2000 y Directiva Marco de Agua, la ganadería extensiva (fundamental en la prevención de los incendios forestales) y la producción ecológica. Del mismo modo, consideran importante incluir condicionantes claros para que la medida de modernización de regadíos, de gran presupuesto, realmente suponga un ahorro de agua que beneficie al conjunto de la sociedad y, por otro lado, apostar por la creación de empleos dedicados a revertir la contaminación de las aguas provocada por los purines, los fertilizantes, las pesticidas y la erosión del suelo agrario.

Por último, SEO/BirdLife y WWF España denuncian de nuevo la falta de participación pública en este proceso de toma de decisiones de una política de calado para España, siendo además necesario contar con todas las administraciones con competencias ambientales en este debate, especialmente las del propio Ministerio. De otra forma, se obvian las implicaciones sociales y ambientales de la PAC, perdiéndose la oportunidad de emplear de manera adecuada los más de 7.000 millones de euros al año que supone esta política para nuestro país y que es clave para su futuro.